Un nuevo ataque con artefactos explosivos perpetrado contra las instalaciones de la Compañía Minera Poderosa dejó como saldo dos operarios heridos y severos destrozos materiales en su infraestructura administrativa. El hecho delictivo ocurrió en la unidad de producción Santa María, situada en el distrito y provincia de Pataz, en la región La Libertad.
De acuerdo con el pronunciamiento oficial de la empresa, individuos desconocidos arrojaron una mochila con material detonante por encima del muro perimetral del complejo, provocando una violenta explosión en el área de oficinas. A raíz de la onda expansiva, dos trabajadores de una firma contratista sufrieron traumas auditivos graves, por lo que requirieron ser evacuados de urgencia hacia la ciudad de Trujillo para recibir atención médica especializada.
Tras la detonación, la administración de la minera activó de inmediato sus planes de contingencia para reforzar el control de accesos e intensificar la vigilancia en el perímetro operativo. Representantes legales de la compañía formalizaron la denuncia ante el Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú (PNP), entregando las facilidades técnicas para las indagaciones.
Mediante un comunicado público, la empresa aurífera condenó enérgicamente la agresión, tipificándola como un acto de corte terrorista, e instó al Poder Ejecutivo a restablecer el orden público. Asimismo, la corporación vinculó de manera directa el recrudecimiento de estos actos de violencia organizada con las agrupaciones criminales que operan y financian la minería ilegal en el norte del país.
Cronología del terror y hostigamiento sistemático contra la actividad formal
Este suceso representa un capítulo más en el violento historial de sabotajes y homicidios que afecta a la provincia de Pataz desde el año 2020 debido a las disputas por el control de los yacimientos de oro:
Masacre en socavón (Diciembre 2023): Una incursión armada de delincuentes en las galerías subterráneas derivó en la toma de rehenes y un posterior enfrentamiento que dejó un saldo crítico de 10 trabajadores muertos y cerca de 30 heridos.
Secuestro y ejecución masiva (Abril 2025): Se registró el rapto de 13 agentes de seguridad pertenecientes a la empresa contratista R&R. Los cuerpos fueron hallados con signos de ejecución en un socavón abandonado, hecho que forzó al Gobierno central a dictar el toque de queda en la provincia.
Sabotaje a la infraestructura energética (2024-2025): Bandas delictivas dinamitaron de forma sucesiva más de quince torres de alta tensión, interrumpiendo el flujo eléctrico necesario para las plantas de procesamiento minero.
A pesar de la continua ofensiva de las organizaciones delictivas, el directorio de Minera Poderosa ratificó su decisión de mantener las operaciones bajo el marco de la formalidad, exigiendo al Estado peruano garantías reales de seguridad jurídica y el imperio de la ley en la región.
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