El senador Iván Cepeda, figura del Pacto Histórico, anunció de manera formal que se declarará en desobediencia civil pacífica si el mandatario electo, Abelardo de la Espriella, no desiste de su ciudadanía estadounidense antes de la toma de posesión presidencial.
El congresista argumentó que carece de legitimidad institucional para reconocer la autoridad de un jefe de Estado que mantenga un estatus civil subordinado a otra potencia extranjera, al considerar que esto compromete la defensa de la soberanía nacional.
Esta declaración agudiza la polarización entre ambos líderes políticos, quienes sostuvieron una pugna constante durante el proceso electoral. Cepeda había judicializado la contienda mediante la interposición de denuncias penales ante la Fiscalía General de la Nación y la Corte Penal Internacional por supuestas anomalías del entonces aspirante.
Por su parte, De la Espriella desestimó las acusaciones en su momento y contraatacó denunciando ante agencias gubernamentales de Estados Unidos presuntos nexos entre el senador y redes delictivas en regiones con votaciones atípicas como Cauca, Chocó y Nariño, tildando las acciones legales como tácticas de sabotaje a su campaña.
A pesar de que el presidente electo evitó pronunciarse de forma directa sobre la advertencia del parlamentario, el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, asumió la vocería del Ejecutivo entrante durante el inicio de las sesiones de empalme técnico. Restrepo respaldó la plena legalidad del triunfo electoral y exhortó a las fuerzas de oposición a respetar el veredicto de las urnas y los cauces institucionales de la democracia.
Seguridad jurídica y ratificación del Consejo Nacional Electoral
La controversia en torno a la doble nacionalidad de De la Espriella ya cuenta con un precedente definitivo en el Consejo Nacional Electoral (CNE). El tribunal de control electoral desestimó en su oportunidad las demandas que pretendían la revocatoria de la postulación, ratificando que ostentar una segunda nacionalidad no configura una causal de inhabilidad constitucional para ejercer la Presidencia en el caso de los ciudadanos colombianos por nacimiento.
Asimismo, el CNE dictaminó que los presuntos conflictos de lealtad internacional invocados por la oposición carecen de sustento punitivo o vinculación jurídica dentro del marco legal vigente, validando de forma integral el resultado del escrutinio nacional.
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