La presidenta del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi, instó con firmeza a la administración de la mandataria electa, Keiko Fujimori Higuchi, a evaluar y revertir las recientes contrarreformas legislativas catalogadas como normas «procrimen».
Durante el séptimo aniversario del Subsistema Nacional Especializado en Extinción de Dominio, la máxima autoridad de la judicatura advirtió que estas modificaciones han mermado drásticamente las capacidades operativas del Estado para combatir el crimen organizado y confiscar activos obtenidos mediante economías ilegales.
Incompatibilidad técnica de la Ley N.º 32326 y trabas en la incautación
La magistrada cuestionó de forma directa la aplicación de la Ley N.º 32326, precisando que desnaturaliza la esencia jurídica de la extinción de dominio al subordinarla a la emisión previa de una sentencia penal firme. Tello argumentó que esta exigencia anula la autonomía del proceso, el cual posee una naturaleza estrictamente patrimonial e independiente de la responsabilidad criminal de los investigados.
Esta reforma, alertó, quiebra los tratados internacionales asumidos por el Perú en las convenciones de Viena, Palermo y Mérida, desoyendo además las directrices globales del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Pérdidas millonarias por el debilitamiento del subsistema de activos
De acuerdo con el balance institucional, este marco normativo restrictivo redujo la eficacia en la desarticulación económica de las mafias, obstaculizando la recuperación de fortunas ilícitas valorizadas en aproximadamente 50 millones de dólares durante el periodo fiscal 2025.
A pesar de las trabas legales vigentes, Tello resaltó el compromiso de las salas especializadas y reveló que, desde su fundación, el subsistema especializado ha logrado recuperar a favor del erario público un total de 215 millones de dólares (más de 735 millones de soles), fondos provenientes del narcotráfico, la minería ilegal y la corrupción que ahora son destinados a infraestructura y servicios estatales.
Ampliación de fiscalías especializadas y respaldo internacional
Por su parte, el coordinador nacional del subsistema, juez supremo Manuel Luján Túpez, subrayó la continuidad de 24 órganos jurisdiccionales en todo el territorio peruano y anunció la próxima creación de una sede clave en la localidad de Pataz (La Libertad), junto a la implementación de otras nueve oficinas con presupuesto ya asignado.
Finalmente, la jefa de la subdivisión contra delitos financieros de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), Brigitte Strabel-Shaw, junto a delegaciones diplomáticas de los Estados Unidos y la Unión Europea, ratificaron el estatus de Perú como referente global en la materia, coincidiendo en que despojar a las redes delictivas de sus activos financieros es la herramienta más efectiva para erradicar el crimen transnacional.
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