La solicitud institucional exige determinar responsabilidades por presunta corrupción y violaciones a la integridad personal.
La Defensoría del Pueblo se reunió con los padres del adolescente de 17 años que falleció tras permanecer retenido en la Comisaría de Manchay, en el distrito de Pachacámac, con el objetivo de recibir sus testimonios y coordinar las acciones de supervisión institucional.
Durante el encuentro, los familiares ratificaron sus denuncias sobre presuntas irregularidades administrativas, agresiones físicas, posibles actos de corrupción y aparentes tratos crueles, inhumanos o degradantes cometidos contra el menor de edad dentro de la sede policial. Frente a este escenario, el organismo constitucional reafirmó su compromiso de vigilar que los procesos de indagación se efectúen con celeridad, objetividad, imparcialidad y transparencia para evitar la impunidad en un caso que involucra la pérdida de una vida bajo la responsabilidad del Estado.
Requerimiento de pruebas y fiscalización a la Policía Nacional del Perú
Como parte de las diligencias de control iniciadas tras reportarse el deceso, la Defensoría del Pueblo notificó formalmente a la Policía Nacional del Perú (PNP) para exigir la entrega de información técnica y documental sobre las condiciones de la retención. El requerimiento institucional comprende las copias de los libros de registro de detenidos y de ocurrencias, la identificación del personal policial que estuvo a cargo de la guardia, las bitácoras sobre los protocolos de seguridad aplicados y los informes médicos respecto a las lesiones que presentaba el joven. Asimismo, se solicitó el acceso inmediato a las grabaciones de las cámaras de videovigilancia de la dependencia y los reportes de los procedimientos de emergencia implementados para su posterior traslado a un centro de salud.
Por otra parte, la entidad autónoma instó a la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Lurín a conducir una investigación penal de carácter exhaustivo que permita determinar las causas científicas del fallecimiento. En paralelo, demandó a la Inspectoría General de la PNP la apertura de un proceso administrativo disciplinario orientado a establecer las responsabilidades funcionales de los efectivos involucrados y a verificar si se omitieron las directrices internacionales y nacionales vigentes para la protección y el resguardo de las personas menores de edad privadas de su libertad.
Intervenciones en la sede policial e informes del Instituto de Medicina Legal
La intervención de la Defensoría del Pueblo comenzó el pasado 15 de junio de 2026, fecha en la que un equipo de comisionados se apersonó a las instalaciones de la Comisaría de Manchay para inspeccionar los ambientes donde el adolescente permaneció recluido antes de ser hallado en estado crítico. Esta inspección física tuvo como propósito evaluar las condiciones de habitabilidad de las celdas de retención y recopilar los primeros indicios materiales dirigidos a identificar posibles contravenciones a los derechos fundamentales o indicios de tortura.
Con el fin de consolidar el expediente técnico del caso, el organismo supervisor también formalizó un pedido de información ante el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses para obtener los resultados oficiales del protocolo de necropsia y los exámenes toxicológicos de la víctima. La Defensoría del Pueblo remarcó que mantendrá las acciones de seguimiento sobre los fueros fiscal y administrativo hasta que las autoridades competentes emitan las sanciones de ley correspondientes, garantizando el derecho a la verdad y la justicia para los deudos del menor.
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