La defensa técnica de Daniel Urresti ingresó formalmente una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en Washington D. C., con el objetivo de determinar la responsabilidad internacional del Estado peruano por la presunta transgresión de sus derechos fundamentales. El recurso legal se interpone tras un prolongado proceso penal cuya sentencia condenatoria fue posteriormente declarada nula por el Tribunal Constitucional (TC).
A través de esta acción en el fuero internacional, el ex-ministro solicita que se ordene la realización de un nuevo juicio oral que observe de manera irrestricta los principios de legalidad, predictibilidad y tutela procesal efectiva.
Alegatos de vulneración constitucional y alteración de la tesis fiscal
El documento presentado ante la CIDH sostiene que durante las etapas del juzgamiento en el fuero interno se vulneraron garantías esenciales de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, afectando directamente el derecho de defensa y la libertad personal del imputado.
Entre los principales argumentos técnicos se detalla que el Poder Judicial dictó condena modificando sustancialmente la imputación fáctica planteada por el Ministerio Público; es decir, la judicatura varió la modalidad de participación del procesado respecto a lo sustentado por la Fiscalía en la acusación escrita, impidiendo que la defensa pudiera rebatir adecuadamente dicha teoría de los hechos.
Asimismo, la petición advierte las siguientes irregularidades procesales:
- Incompatibilidad con la cosa juzgada: La sentencia condenatoria construyó una versión fáctica que contradice resoluciones firmes previas, las cuales ya habían establecido la verdad judicial sobre la forma y circunstancias de los hechos investigados.
- Aplicación retroactiva de la ley: Se cuestiona la aplicación perjudicial y retroactiva de la agravante de alevosía, una figura jurídica que no se encontraba vigente en el ordenamiento penal peruano al momento en que ocurrieron los sucesos delictivos.
- Inobservancia de mandatos superiores: La defensa técnico-legal señala que los magistrados de primera instancia desestimaron diligencias probatorias que habían sido ordenadas expresamente por la Corte Suprema de Justicia, omitiendo además la valoración de testimonios exculpatorios.
Búsqueda de una sola verdad judicial en el fuero internacional
Daniel Urresti ratificó su postura señalando que su reclusión efectiva de casi tres años -revertida tras el fallo constitucional que le devolvió la libertad- requiere de una reparación jurídica definitiva mediante un juicio justo que limpie su nombre. El ex-candidato presidencial enfatizó que no busca evadir la acción de la justicia ni solicitar un trato diferenciado, sino exigir que los órganos jurisdiccionales mantengan un criterio coherente y unificado sobre los mismos hechos materiales. Tras la recepción del expediente, corresponde a la Comisión Interamericana evaluar los requisitos de procedibilidad y resolver la admisibilidad del caso para su posterior debate de fondo.
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