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Artículo de opinión
En días pasados hemos visto como se ha llevado a cabo la segunda vuelta, cuyos resultados finales aún no se conocen. Pero ha llamado la atención un hecho público protagonizado por el candidato López Aliaga, que ha anunciado públicamente que no asumirá el cargo de senador al que postuló, con lo cual queda una curul vacía que debe ser llenada por el que le sigue en votación. Este hecho extraño y sin precedentes, merece un comentario.
El problema que se presentaba es que en el Perú todos los cargos son renunciables, salvo el de congresista. Lo intentó hace años Javier Valle-Riestra y al no poder hacerlo, interpuso un amparo, con lo cual consiguió una victoria pírrica: la sentencia de segunda instancia le dijo que podía renunciar si es que el Congreso aceptaba su renuncia (cosa que, por cierto, no ocurrió).
En el caso que nos ocupa, hay que tener presente que una cosa es ser elegido y muy otra es jurar el cargo. Es decir, uno no es congresista a firme, mientras no jure el cargo, que es lo que aquí hemos visto.
Por otro lado, nuestra legislación electoral prohíbe que los alcaldes se reelijan en su misma jurisdicción, o sea, el que es alcalde de Jesús María no puede reelegirse en ese distrito, pero sí en otro. Hoy por hoy esta prohibición debería considerarse nuevamente y eliminarla, pues en realidad no tiene sentido. En todo caso, permitir la reelección inmediata por una sola vez.
Pero lo que vemos en Renovación Popular es curioso. Tras la renuncia de su líder al Senado, anuncia que va a postular en una lista municipal al Municipio de Lima como regidor número 1, o mejor dicho, como teniente-alcalde. Pero lo que se sabe es que, de ganar esta lista, su titular, un distinguido médico, renunciaría y de esta manera su segundo, el otrora senador, asumiría la alcaldía de Lima.
Indudablemente, desde un punto de vista formal, la operación es impecable, pero se ve mal. No solo en lo político, sino en lo legal, pues en el fondo le están sacando la vuelta a la ley, que yo me atrevería a calificar como fraude a la ley. Y esto no se ve bien, aun cuando no hay que descartar una eventual denuncia ante el organismo electoral.
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