Hace 15 años, el Uruguay sufrió una de las principales crisis económicas y sociales de su historia. Miles de personas cayeron en la pobreza y la marginación. La emigración por causas económicas se acentuó separando, hasta el día de hoy, a miles de familias. Las cárceles se llenaron de víctimas de la catástrofe, pero fueron evadidas por los victimarios. Mientras el país se derrumbaba el gobierno colorado (blanqui-colorado) alternaba represión a la protesta social con salvataje a bancos y banqueros rapiñeros (valga la redundancia), y se encomendaba en cuerpo y alma a Washington: “We are fantastic”. En el Carnaval de 2003, Contrafarsa recordaba el dramático episodio de niños que, a falta de alimentos, se alimentaban con pasto. La indignación y la bronca resonaban en los aplausos del público, de pie, al cierre de un memorable cuplé en el que la murga hacía comer pasto al presidente Jorge Batlle.
Pasaron desde entonces quince años y dos gobiernos y medio del Frente Amplio (FA). Los ecos del 2002 son hoy lo suficientemente fuertes como para operar como referencia obligada del Uruguay que encontró el FA cuando asumió el gobierno en 2005, y a la vez lo suficientemente lejanos como para agotar la referencia al país fundido como explicación incuestionable de postergaciones o derivas de la política económica actual. En cualquier caso, tres lustros son un período suficiente para ensayar un análisis de tendencias y rumbos de la política económica del gobierno progresista.
En la actualidad, las valoraciones en torno a la situación económica del Uruguay varían según el lugar del hemisferio de las izquierdas desde el que se realicen. Una visión optimista destaca que se ha logrado controlar los efectos más negativos de la crisis internacional y el país ha mantenido niveles de crecimiento en un marco de estancamiento económico regional. Una valoración negativa señala que, en tanto no se ha transformado la matriz productiva ni el tipo de inserción internacional de la economía uruguaya, ni se han alterado las relaciones de poder y propiedad de la estructura económica nacional, el Uruguay sigue reproduciendo desigualdades y continúa a la merced de las crisis recurrentes propias de la globalización capitalista. Es decir, ¿cuánto de alternativo y cuánto de progresivo tiene la “alternativa progresista”?
La pregunta cobra especial vigencia en la actual coyuntura, en la que la depreciación de los productos primarios que el Uruguay exporta, y la inexistencia de una alteración de la estructura de poder y propiedad de la economía interna, plantean la posibilidad de un escenario de ajuste sobre los sectores trabajadores con consecuencias de desempleo y marginación. ¿Cuáles son los escenarios que cabe esperar en el corto y mediano plazo? ¿Qué alternativas de izquierda existen a la política económica del gobierno progresista? ¿Qué paradigmas económicos pueden responder a las necesidades materiales de la sociedad y a la vez cuidar el medio ambiente, cuestionar el mito del crecimiento, criticar la idea dominante de desarrollo y combatir la sociedad de consumo? ¿Cómo articular, en la actualidad, viejos principios de las izquierdas (soberanía, autogestión, socialización y democratización de la producción) con nuevos temas que los movimientos sociales han logrado jerarquizar (crítica a la división sexual del trabajo, ecologismo)?
Fuente: Hemisferio Izquierdo
Nodal
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