Referencial.
Pleno aprobó insistencia de la ley que beneficia a la Policía y a la Autoridad Marítima Nacional.
El Pleno del Parlamento ratificó por insistencia la autógrafa de ley orientada a dinamizar los mecanismos de cooperación financiera de los gobiernos regionales y las municipalidades a favor de la Policía Nacional del Perú (PNP) y de la Autoridad Marítima Nacional, con el propósito fundamental de robustecer las estrategias de seguridad ciudadana a nivel multisectorial.
La representación nacional respaldó el dictamen en primera instancia con 87 votos a favor, 12 en contra y 5 abstenciones, procediendo de inmediato a la exoneración del trámite de segunda votación mediante el cómputo de 80 adhesiones, 14 votos en contra y 2 abstenciones, quedando el dispositivo expedito para su correspondiente promulgación.
La iniciativa de reforma legislativa confiere atribuciones legales a las administraciones subnacionales para que ejecuten tanto gastos de inversión como gasto corriente orientados al diseño y construcción de infraestructura edilicia, así como a la adquisición directa de bienes de equipamiento táctico y la contratación de servicios especializados para las fuerzas del orden.
Mediante este marco normativo, los gobernadores regionales y los alcaldes de las diversas comunas del país se encuentran habilitados jurídicamente para inyectar recursos económicos directos que mitiguen las brechas logísticas y operativas que enfrentan las distintas unidades policiales y las dependencias de control marítimo en sus jurisdicciones.
Condiciones técnicas de fiscalización y sujeción a los planes de seguridad nacional
El dispositivo legal dictamina que todo gasto e intervención en materia de infraestructura, suministro de bienes o servicios complementarios delegados a la Policía Nacional del Perú debe encuadrarse estrictamente en el diseño técnico y los objetivos estratégicos de los planes, programas y proyectos de seguridad ciudadana debidamente validados.
En consecuencia, las adquisiciones efectuadas por los gobiernos locales autónomos requerirán la aprobación previa y la conformidad del órgano técnico competente adscrito al Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana (Sinasec), garantizando así el principio de interoperabilidad institucional y evitando la duplicidad en el uso de los fondos públicos del Estado.
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