El Ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Pareja Ríos, rechazó una denuncia constitucional presentada en su contra desde el partido Juntos por el Perú (JP) por presuntas irregularidades en el proceso electoral del voto en el extranjero durante la segunda vuelta.
A través de un comunicado, el canciller rechazó «categóricamente» cualquier imputación que pretenda atribuirle «actos de interferencia, manipulación, favorecimiento político o alteración del material electoral correspondiente al voto de los peruanos en el exterior»
Además, manifestó que, en atención a su cargo y como miembro del Servicio Diplomático, ha actuado siempre «con respeto a la legalidad, a la neutralidad del Poder Ejecutivo, a la autonomía de los organismos electorales y a los deberes de responsabilidad, eficiencia y lealtad al Estado peruano».
En su pronunciamiento, el canciller afirma que durante el proceso electoral, Relaciones Exteriores «cumplió, en estricta aplicación de la ley electoral, funciones logísticas y consulares en coordinación con los organismos electorales competentes». Pero, subraya, que «la calificación de actas, el cómputo de votos, la resolución de impugnaciones y la proclamación de resultados no corresponden al Ministerio».
«Los cuestionamientos planteados ante el Jurado Nacional de Elecciones se refieren, en esencia, a los mismos hechos invocados en la «denuncia constitucional” presentada. Por ello, esperaré con serenidad y respeto institucional el pronunciamiento de las autoridades correspondientes, sin perjuicio de ejercer mi derecho de defensa ante las instancias respectivas», puntualiza el comunicado.
Pareja destaca a los peruanos en el exterior que ejercieron su derecho a voto, así como la participación de los miembros de mesa y personeros. En ese sentido, indica que estos connacionales merecen que cualquier cuestionamiento se tramite con responsabilidad y con respeto a la voluntad popular expresada en las urnas.
El canciller señaló que ni los observadores internacionales, ni la Contraloría General de la República, ni la Defensoría del Pueblo, ni los observadores del Jurado Nacional de Elecciones ni los propios personeros de los partidos políticos «han encontrado irregularidad alguna en el proceso electoral en el exterior que sustente la pretendida acusación constitucional».
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