Dina Boluarte, junto a su comitiva, llega a Pataz para abordar la crisis
La tragedia golpeó la provincia de Pataz, en la región norperuana de La Libertad, con el brutal asesinato de trece trabajadores mineros de la empresa R & R. El ataque, perpetrado en un socavón por una despiadada banda criminal con fuertes vínculos con la lucrativa pero ilegal actividad minera que prolifera en la zona, generó una profunda consternación a nivel nacional. En respuesta a esta escalada de violencia, la presidenta de la República, Dina Boluarte, se constituyó en la zona afectada durante la tarde de hoy.
Boluarte saludó con visible seriedad a altos mandos de las Fuerzas Armadas del Perú y de la Policía Nacional del Perú, quienes la esperaban en el lugar. Tras este breve saludo protocolar, la presidenta ingresó a un recinto dispuesto para llevar a cabo reuniones de coordinación y evaluación de la crítica situación.
Esta visita de alto nivel se produce apenas tres días después del anuncio de un paquete de medidas urgentes por parte de la presidenta Boluarte y el jefe del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén. Estas acciones buscan contrarrestar la creciente ola de violencia que azota diversas zonas del norte del país, con Pataz como uno de sus focos más preocupantes. Entre las medidas decretadas, resalta el cierre total y temporal, por un periodo de 30 días calendario, de toda actividad minera en esta convulsionada localidad liberteña.
Adicionalmente, el gobierno ha dispuesto la instalación de una base militar permanente en la provincia de Pataz, con el objetivo de fortalecer la presencia del Estado y garantizar la seguridad de los ciudadanos. Se suma a esto la implementación de un toque de queda que restringe la circulación de personas y vehículos en toda la provincia desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana.
Un punto crucial de la estrategia gubernamental es el control directo de las Fuerzas Armadas en las operaciones de la minera Poderosa, una de las principales empresas del sector en la región, buscando asegurar sus instalaciones y proteger a sus trabajadores de futuras agresiones.
Finalmente, se anunció la exclusión, en calidad de suspendido, del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) para los 761 mineros informales identificados en la zona, buscando así ejercer un mayor control sobre las actividades extractivas y desarticular las redes de ilegalidad que alimentan la violencia.
