El contralor general de la República, Nelson Shack Yalta, anunció que ha solicitado al Congreso de la República la aprobación de un proyecto de Ley para Fortalecer la Contraloría General y el Sistema Nacional de Control, no solo para modernizar y asegurar el ejercicio oportuno y eficiente del control gubernamental, sino también para implementar unidades especiales de Inclusión Social en cada Contraloría Regional.
Indicó también que viene coordinando acciones con el Ministerio Público, el Poder Judicial, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo, a fin de obtener resultados más óptimos en las auditorías que realiza el ente de control.
Asimismo, se comprometió a trabajar de manera conjunta con la Comisión Parlamentaria de Inclusión Social y Persona con Discapacidad, para preparar propuestas legislativas en favor de las personas más vulnerables como los jubilados.
Tales anuncios los formuló tras presentarse en dicha comisión parlamentaria en donde expuso los resultados de los servicios de control a los programas sociales, ante la Comisión Parlamentaria de Inclusión Social y Persona con Discapacidad, donde dio a conocer la emisión de 1,948 informes de control en los últimos dos años, que han permitido fortalecer la gestión y rendición de cuentas de las entidades auditadas.
Manifestó que se han efectuado auditorías de cumplimiento, de desempeño y el control concurrente al Programa Nacional de Asistencia Solidaria-Pensión 65; Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres-JUNTOS; Fondo Mi Vivienda; Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar (Inabif); Programa Nacional Yachay y al Programa Nacional de Alimentación Escolar-Qali Warma, siendo los principales hallazgos los mencionados a continuación:
Pensión 65
Entre el 2012 al 2014, el Programa Pensión 65 incorporó como beneficiarios a 23,389 personas fallecidas, que habría generado pérdidas al Estado por S/ 732,714.00. Además fueron incorporadas 681 personas que eran pensionistas del Ejército Peruano (EP), Oficina Nacional Previsional (ONP), Caja Militar, Superintendencia de Banca y Seguros (SBS), Marina de Guerra y Fuerza Aérea del Perú (FAP), realizándose 1,876 abonos equivalentes a 460,838 de soles, en perjuicio al Estado.
Los hallazgos de la Contraloría fueron derivados a la Fiscalía, donde se investiga a directivos y funcionarios de la entidad que en su oportunidad autorizaron dichos pagos.
Programa Juntos
Entre el 2012 y 2014, el programa Juntos incluyó en su padrón a 206 autoridades elegidas por voto popular (200 regidores, cinco regidores provinciales y un alcalde), a quienes se habría destinado un abono total de S/ 159,915, en perjuicio al erario público. De igual forma, los hallazgos identificados se encuentran en la Fiscalía, donde se viene investigando a los presuntos responsables.
Qali Warma
Se informó además que la Contraloría halló en el programa Qali Warma, entre el 2014 y 2015, la entrega de alimentos a instituciones educativas públicas en forma no oportuna, debido a factores relacionados con los procesos de compra.
Control simultáneo
El contralor Shack anunció que se reforzará el control concurrente a los programas sociales, el cual consiste en acompañar y ser asesor de los sectores y agentes del Estado en cada hito del proceso, de tal manera que se les advertirá de posibles riegos de negligencia o de corrupción. Este mecanismo de control se aplica a los diversos procesos de la Reconstrucción con Cambios, con resultados eficaces.
Informó además que la Contraloría se encuentra realizando nuevas auditorías a los programas sociales Juntos, Pensión 65, Vida Digna, Beca 18, Fondo de Inclusión Social Energético, Sistema Integral de Salud (SIS), Empleo Juvenil, Trabaja Perú y Vivienda Rural, cuyos informes se emitirán antes de fin de año, y en los primeros tres meses del 2018.
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