Son diferentes las instancias judiciales que han fallado a favor de la campesina Máxima Acuña en los últimos meses, sin embargo, su situación continua siendo la misma. Ella sigue viviendo bajo la sombra de la minera que ha restringido su derecho a transitar libremente, a sembrar en su propias tierras y hasta a vivir en paz.
Esta situación fue dada a conocer por su abogada Mirtha Vásquez, quien además asegura que la defensora está incomunicada porque ha decidido no usar más el teléfono para no continuar siendo hostigada por los funcionarios de la empresa que la llaman constantemente para que acepte una transacción por su tierra.
La letrada informó que la semana pasada la Sala Civil declaró improcedente la medida cautelar interpuesta por la Minera Yanacocha que solicitaba que no se realice cualquier tipo de trabajo (incluyendo sembrar la tierra para comer) en el campo en litigio.
Sin embargo, esta medida lejos de ser celebrada por la defensora cajamarquina fue considerada como una buena noticia en el papel ya que la empresa sigue atacándola y burlándose de ella.
“Qué bien que sigamos ganando en la justicia, pero ya no sé de qué nos sirve eso si la empresa sigue atacándome, sigue presionándome, no me deja vivir en paz…hace menos de un mes, el once de octubre se han vuelto a meter a mi tierra, sin piedad me revolvieron la chacra, otra vez nos dejaron sin comida.
Sí, ya sé que eso también se ha denunciado, pero también sé que nadie ningún fiscal se atreve a pararlos, en el papel nos dan la razón, peor lo real es que nadie quiere detenerlos”, afirmó Acuña.
Impunidad permanente
Mirtha Vásquez señaló que no solo se le ganó un proceso judicial a una de las empresas mineras más poderosas que operan en nuestro país, sino que su lucha ha terminado develando el estatus de privilegio e impunidad con que operan las empresas en el Perú, lesionando derechos fundamentales.
“La policía al servicio privado de las empresas, es utilizada para atacar a ciudadanos que ellos consideran incómodos para sus intereses.
Son asuntos fundamentales que la lucha de Máxima ha logrado evidenciar y denunciar, e incluso ha logrado contener para evitar que se impongan como prácticas naturalizadas y permitidas para los dueños del poder económico”, afirmó la letrada.
Casos como el de Acuña han sido registrados en el estudio «Mujeres y conflictos ecoterritoriales. Impactos, estrategias, resistencias» elaborado por Rocio Silva Santisteban, al igual que los casos de más de veinte defensoras de Puno, Arequipa, Cajamarca y Selva Central.
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