Con diez votos a favor, uno en contra y tres abstenciones, la Comisión de Fiscalización y Contraloría, aprobó el informe final, con cargo a redacción, sobre las investigaciones de los procesos de contratación de servicios efectuados por el Ministerio de Cultura, entre ellos, el caso de “Richard Swing”.
El informe fue sustentado por el presidente de ese grupo de trabajo, Edgar Alarcón Tejada (UPP), quien recordó que la comisión pidió ampliación del plazo de las indagaciones hasta en dos oportunidades y asimismo pidió la ampliación de sus facultades para investigar a otras instituciones del Estado en sus contrataciones ligadas al ámbito del expresidente Martín Vizcarra Cornejo.
Se recomienda acusar constitucionalmente al exmandatario conforme al artículo 89 del Reglamento de Congreso de la República y los artículos 99 y 100 de la Constitución Política del Perú por infracción constitucional y la comisión de varios delitos de función, así como por liderar una organización criminal, conforme a la ley que regula y tipifica ese caso.
Asimismo, recomienda la correspondiente la inhabilitación de Vizcarra para el ejercicio de la función pública hasta por diez años, sin perjuicio de cualquier otra responsabilidad de acuerdo con las normas vigentes.
Luego de las correspondientes investigaciones, recomiendan, entre otros, también acusar constitucionalmente a los exministros de Agricultura y Riego, Gustavo Mostajo Ocola, Fabiola Muñoz Dodero, Jorge Montenegro Chavesta no solo por hallarse responsabilidad política en el cargo, sino responsabilidad administrativa, probable comisión de delitos de función como omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales, colusión agravada y tráfico de influencias, entre otros.
El informe recomienda acusar constitucionalmente a los exministros de Estado en las carteras de Cultura, Transportes, Vivienda y Construcción, Educación, y Defensa que desempeñaron cargos entre 2018 y 2020, periodos en los que se efectuaron contrataciones en cada uno de los sectores mencionados, por delitos de omisión de actos funcionales, permitir que se ejecuten actos ilegales e ilícitos durante su gestión.
En las conclusiones del informe se alude que “se ha evidenciado la existencia de un problema público, el clientelismo que sigue vigente tras décadas y décadas de Gobierno republicano”
“A consecuencia de eso, las políticas públicas basadas en la meritocracia están paralizadas por no decir colapsadas, ya que no existe voluntad política por parte de los gobernantes, autoridades ni funcionarios para ejecutarlas’, dice el informe.
‘Se ha verificado la permanente y sistemática desnaturalización de los contratos de naturaleza civil (órdenes de servicio) haciendo un mal uso de la Ley de Contrataciones con el Estado para encubrir verdaderos contratos laborales con el fin de beneficiar con puestos en entidades públicas a determinadas personas que mantienen cercanía directa o indirecta con el expresidente Martín Vizcarra’.
“Se ha comprobado que estamos ante una organización criminal que habría capturado el Poder Ejecutivo y sus dependencias para utilizar el poder político”, afirma una de las veinte conclusiones del informe.
La legisladora Carolina Lizárraga (Partido Morado) recordó que el objeto de estudio de una comisión investigadora u ordinaria con atribuciones de investigadora lo define la moción de orden del día que lo plantea y quien aprueba la moción es el Pleno del Congreso.
“En las recomendaciones se puede apreciar que se quiere trascender al ámbito del Ministerio de Cultura, ello puede terminar viciando el informe, por ello recomiendo se circunscriba conforme lo planteado por la moción de orden del día al Ministerio de Cultura, dijo.
Observó, asimismo, que el único alto funcionario al que se le imputan actos funcionales y penales sin precisar los delitos que presumiblemente habría cometido es al señor Martín Vizcarra.
“Esa falta de individualización en comparación con el caso de otros funcionarios a los cuales, incluso, se señalan los delitos que habrían cometido, políticamente podría ser leída como un sesgo, direccionamiento o intencionalidad en la labor de la comisión investigadora en su conjunto y eso no es cierto. El informe debe precisar qué delito habría cometido el señor Vizcarra con relación al señor Cisneros o en general, respecto a las contrataciones efectuadas el 2018”, precisó.
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