La Cámara de Comercio de Lima (CCL) emitió un pronunciamiento institucional en el marco del cómputo oficial de la segunda vuelta presidencial, en el cual ratificó que los sufragios emitidos en el territorio nacional y en los centros de votación del exterior poseen la misma validez y jerarquía jurídica ante la Constitución Política.
El gremio empresarial fundamentó su declaración pública en la necesidad de contrarrestar la propagación de corrientes desinformativas que buscan instaurar en la ciudadanía la premisa de que el desenlace de los comicios se supeditó exclusivamente al caudal electoral de los peruanos residentes fuera de las fronteras nacionales.
Desestimación de jerarquías civiles e igualdad de derechos políticos
La corporación empresarial calificó de grave alteración a las bases republicanas cualquier tentativa orientada a clasificar a la ciudadanía en categorías sociopolíticas o a sugerir que el escrutinio de ciertas localidades goza de menor legitimidad democrática.
El comunicado enfatiza que los peruanos facultados para el sufragio mantienen intactos sus derechos civiles sin distinción de su ubicación geográfica actual, por lo que el peso legal de un voto depositado en el extranjero guarda una equivalencia absoluta con el emitido en la capital o en las diversas regiones de la costa, sierra y selva del país.
Precisiones operativas sobre el repliegue del material electoral y llamado a la prudencia
Asimismo, el documento técnico de la CCL precisó que la integración tardía de los votos del exterior a las plataformas de procesamiento de la Oficina Nacional de Procesos Electorales obedeció estrictamente a contingencias logísticas y geográficas asociadas a los tiempos de traslado del material de sufragio desde diversos continentes hacia el territorio peruano.
La institución remarcó que el resultado final de la contienda responde a la sumatoria global de las tendencias de participación en todo el territorio de la República. Por tal motivo, instó a las agrupaciones políticas, líderes de opinión y medios informativos a conducirse con estricta prudencia y respeto hacia la voluntad popular plasmada en los centros de votación para preservar la estabilidad del marco democrático nacional.
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