La defensa de la ex-gobernante calificó de insuficiente el plazo de sesenta minutos otorgado por el pleno del Congreso.
La Primera Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró improcedente la medida cautelar interpuesta por la ex-presidenta Dina Boluarte, con la cual pretendía suspender de forma provisional los efectos de la resolución de vacancia por incapacidad moral permanente aprobada por el Congreso de la República el 10 de octubre de 2025.
El colegiado desestimó la solicitud ciudadana al determinar que conceder la pretensión implicaría una alteración directa e injustificada de una competencia estrictamente constitucional ejercida por el Poder Legislativo. La defensa de la ex-jefa de Estado argumentaba que el proceso parlamentario vulneró principios fundamentales como el debido proceso, el derecho a la defensa, la igualdad y la buena reputación; sin embargo, el tribunal precisó que dichos cuestionamientos requieren un examen de fondo con debate contradictorio y valoración probatoria, elementos que exceden la naturaleza sumaria de un incidente cautelar.
Desestimación de supuestas afectaciones procesales y tutela de urgencia
La representación legal de la ex-mandataria sustentó su recurso afirmando que se configuró una indefensión material al haber sido notificada con menos de una hora de anticipación para comparecer ante el Pleno del Parlamento, lo que le impidió estructurar una contradicción idónea frente a las mociones presentadas. No obstante, la resolución judicial determinó la ausencia de un grado suficiente de verosimilitud en la demanda, señalando que no se aprecia de forma flagrante que el Poder Legislativo haya bloqueado el ejercicio de su defensa técnica en la citada sesión y que su inasistencia al fuero legislativo no constituye, en esta etapa introductoria, un agravio imputable a la soberanía del Congreso.
El tribunal reafirmó que el pedido cautelar no poseía un carácter meramente conservativo, sino modificatorio, al buscar revertir provisionalmente una destitución ya consolidada y ejecutada en el marco de la sucesión constitucional.
El proceso de fondo y los antecedentes de la crisis política
Mientras el proceso principal de amparo continúa su trámite regular en las sedes judiciales para determinar la nulidad definitiva de la destitución parlamentaria, el expediente incorpora los antecedentes inmediatos que precipitaron la votación de la vacancia en el Congreso. La crisis institucional definitiva se desencadenó tras un ataque armado perpetrado durante una presentación del conjunto musical Agua Marina en el distrito de Chorrillos, Lima.
El incidente delictivo, que culminó con cinco personas heridas -incluyendo a cuatro miembros de la agrupación artística y a un comerciante local-, sirvió como el detonante político para que la representación nacional reactivara las mociones de control y declarara la incapacidad moral permanente del Ejecutivo ante el incremento de los índices de inseguridad ciudadana.
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