Artículo de opinión
La segunda vuelta presidencial de este año ha dejado en evidencia, con una crudeza matemática pocas veces vista, la profunda fractura social, económica y territorial que arrastra el Perú desde hace décadas. Tras una jornada electoral marcada por la tensión y un resultado que rozó el empate técnico un auténtico “final de fotografía”, la atención nacional no se concentró únicamente en Lima ni en las regiones históricamente determinantes, sino que se desplazó hacia un actor tradicionalmente subestimado: los peruanos en el extranjero.
El voto de los Peruanos en el Exterior (PEX), conocido de forma casi anecdótica como el “Distrito 25”, dejó de ser un dato marginal para convertirse en el verdadero árbitro de la contienda democrática. Lo que antes era considerado un complemento estadístico hoy se erige como un factor decisivo capaz de inclinar la balanza en un escenario de máxima polarización.
Los datos oficiales evidencian una tendencia clara, aunque no por ello menos impactante. Mientras amplios sectores rurales, periféricos y populares dentro del país se inclinaron por una opción política asociada al cambio estructural y la reivindicación social, la diáspora peruana respaldó de manera contundente una propuesta vinculada a la estabilidad económica, el orden institucional y la continuidad del modelo. Con más del 63% de apoyo en el exterior, el voto migrante generó una remontada que alteró el curso esperado de los resultados, tensionando aún más el clima político.
Este fenómeno no solo tiene implicaciones electorales, sino que reabre un debate de fondo que, aunque recurrente, adquiere hoy una nueva intensidad: ¿deben quienes residen fuera del país tener el mismo peso en la decisión política nacional? Las posturas más radicales sostienen que no, argumentando que los migrantes no enfrentan directamente los problemas cotidianos del Perú; como la inseguridad, la precariedad de los servicios públicos o la inflación. Ni contribuyen de manera directa a través del sistema tributario interno.
Sin embargo, esta lectura resulta no solo simplista, sino también profundamente injusta. Los más de tres millones de peruanos en el exterior no son ajenos al destino del país; por el contrario, son el resultado directo de sus crisis. Migraron, en muchos casos, obligados por la falta de oportunidades, la inestabilidad política o la violencia estructural. Pretender limitar su derecho al voto equivale a sancionar una consecuencia sin asumir las causas que la originaron.
Además, su vínculo con el Perú no es meramente simbólico o emocional. Se sostiene de manera concreta a través de las remesas, uno de los pilares más estables de la economía nacional, que impacta directamente en el bienestar de millones de familias. A ello se suma una conexión constante con la realidad política y social del país, facilitada por la globalización y las tecnologías de la información, que ha reducido significativamente la brecha entre el “dentro” y el “fuera”.
Lo que esta elección pone de manifiesto no es un problema de legitimidad del voto PEX, sino un choque de cosmovisiones. El migrante peruano, especialmente en contextos como Estados Unidos, Europa o el Cono Sur, tiende a valorar la estabilidad jurídica, la previsibilidad económica y el respeto a las instituciones. Esta preferencia no surge en el vacío, sino como resultado de su experiencia en sociedades donde dichos principios son pilares del desarrollo.
Por su parte, el votante dentro del territorio nacional, particularmente en las zonas más golpeadas por la desigualdad, vota desde la urgencia. Su decisión está marcada por la necesidad inmediata de cambio, por la frustración acumulada y por una histórica sensación de abandono estatal. Ambos votos son legítimos, pero responden a realidades profundamente distintas.
En este contexto, el verdadero desafío no es cuestionar quién debe votar, sino cómo reconciliar estas dos visiones de país. El Perú que se expresa desde el exterior y el Perú que se manifiesta dentro de sus fronteras no son opuestos irreconciliables, sino partes de una misma nación fragmentada que exige puentes de diálogo y políticas integradoras.
Independientemente de quién asuma finalmente la presidencia, tras la resolución de los votos observados y los procesos en las instancias electorales correspondientes, el mensaje es claro: el próximo gobierno no enfrentará una simple alternancia política, sino la responsabilidad de gobernar un país dividido en percepciones, expectativas y prioridades.
La diáspora ha demostrado que su voz no solo cuenta, sino que puede definir. Ignorar el voto PEX en el análisis político contemporáneo es ignorar una dimensión esencial del Perú actual: un país que trasciende sus fronteras, que se reconstruye desde la distancia y que, a pesar de la lejanía geográfica, sigue reclamando su derecho a decidir su futuro.
El llamado “Distrito 25” ya no es una anécdota electoral. Es, hoy más que nunca, un reflejo de la complejidad del Perú globalizado y una advertencia para una clase política que deberá aprender, de una vez por todas, a gobernar no solo para los que están, sino también para los que, aunque lejos, nunca se fueron del todo.
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