La presidenta de la Comisión Investigadora del caso Lava Jato, Rosa Bartra Barriga (FP), señaló que el proyecto especial de irrigación Chavimochic es un anhelo de más de un millón de pobladores de La Libertad, el mismo que tiene que ser una realidad, pero libre de todo atisbo de corrupción.
Dijo que el costo del megaproyecto, a cargo de Odebrecht y Graña y Montero, fue de 715 millones 447 mil dólares, de los cuales 373 millones los asumió el Estado y 341 millones de dólares las empresas privadas; y que su construcción se ejecutó durante el gobierno de Alan García Pérez.
Chavimochic es un proyecto de propósitos múltiples que tiene como finalidad aprovechar el potencial hídrico del río Santa para mejorar el riego de los valles e intervalles de Chao, Virú. Moche y Chicama, y que además prevé la prestación del servicio de suministro de agua de uso poblacional para la ciudad de Trujillo y para la generación eléctrica.
Bartra explicó que la propuesta se ejecutó a través de una Asociación Pública Privada y que como parte de la estructuración financiera del proyecto se estableció un fideicomiso para el manejo de los recursos. En la actualidad la obra se encuentra paralizada debido al incumplimiento, por parte del gobierno Regional de La Libertad, de entregar el control del proyecto antes de iniciar los trabajos de construcción. Por esa situación el concesionario solicitó la suspensión anticipada del contrato, y más adelante presentó una demanda arbitral.
Un último abono realizado al concesionario fue de 226 millones 100 mil dólares el 6 de abril del 2017 y dos meses después, el 23 de junio del mismo año, presentó una propuesta de adenda para modificar el contrato.
LOS HECHOS
La congresista liberteña dijo que la comisión a su cargo encontró varios hechos relevantes del proceso de concesión durante su investigación, entre ellos el incumplimiento en la entrega de terrenos por parte del concedente; la ampliación del cierre financiero; demora en la contratación de un supervisor; y la propuesta de la Adenda 2.
Dijo que se advierte la existencia de indicios de la presunta comisión de los delitos de colusión agravada y de negociación incompatible por parte de Huber Arnaldo Vergara Díaz, ex gerente general del PECH; Amilcare Gaita Zanatti, ex funcionario del PECH; Gonzalo Luis Pita Chávez, Jefe de proyectos en Proinversión; Carlos Miguel Puga Pomareda, Presidente del Comité Pro Integración y Gibran José Loor Campoverde, representante legal de la Concesionaria Chavimochic SAC.
Añadió que la falta de la entrega del control del proyecto generó que se paralizaran las obras hidráulicas mayores, la invocación de caducidad de contrato por parte del concesionario, y el inicio de un proceso de arbitraje bajo las reglas de la Comisión de las Naciones Unidas para el Desarrollo Mercantil Internacional (CNUDMI).
La presidenta de la comisión se refirió a la presunta comisión de los delitos de usurpación de funciones y omisión de actos funcionales, aunque por la antigüedad del caso la acción penal está prescrita.
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