Convocando a todos los movimientos y organizaciones políticas, sociales, religiosas y femeninas, entre otras, a converger en un gran pacto nacional en contra de la violencia en la campaña electoral y en la vida nacional, la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) definirá esta semana el reinicio de sus actividades proselitistas, suspendidas hace más 12 días a raíz de los ataques verbales y físicos sufridos por sus candidatos en diferentes ciudades del país.
Aunque para el ministro del Interior, Guillermo Rivera, “las condiciones están dadas para que reanuden la campaña”, las dudas persisten y en una reunión el viernes pasado con el Gobierno, Rodrigo Londoño, Timochenko, candidato presidencial de la desmovilizada guerrilla, enumeró una a una las preocupaciones que les asaltan. Uno de los temas más sensibles es el asesinato de quien fuera su líder social en Guapi (Cauca), Jesús Orlando Grueso, acribillado junto a Jonathan Cundumi el pasado 10 de febrero. Las informaciones preliminares señalan al Eln como responsable del hecho, por lo que la FARC le pidió al Comando Central (Coce) de esa organización que esclarezca la situación.
Otra de las angustias expresadas directamente por Londoño tiene que ver con que a menos de 30 días de terminar la campaña electoral al Congreso, no han recibido los anticipos que se les dan a todos los partidos, mientras las condiciones de seguridad no permiten que hagan campaña en zonas de presencia histórica, porque han sido ocupadas por nuevos actores violentos.
La FARC reiteró además que instaurará acciones penales en contra de quienes han boicoteado su presencia en la plaza pública. “Desde el momento que suscribimos el Acuerdo Final, ello implicó para nosotros el reconocimiento de las normas de la democracia y la institucionalidad colombiana, y en esa medida haremos uso de todos los instrumentos legales para que las acciones que rayen en la ilegalidad sean procesadas jurídicamente por las autoridades competentes. Coincidimos con lo manifestado por la Fiscalía de que los actos de violencia contra candidatos del partido pueden constituirse en delitos”, enfatizó, por su parte, Jorge Torres Victoria, más conocido como Pablo Catatumbo.
“Nuestro llamado es a que la institucionalidad colombiana se comprometa con las garantías de participación política que están consignadas en el Acuerdo Final. Nosotros no exigimos nada distinto a que se nos deje participar en la contienda política en igualdad de condiciones. Entre otras cosas, implica que al igual que los demás partidos, la FARC tenga acceso a los recursos necesarios para financiar y desarrollar su campaña”, concluyó.
(Fuente: Nodal)
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