Ex-autoridad distrital de Lobitos también será internada de forma preventiva por orden del Poder Judicial.
El Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Tumbes declaró fundado el requerimiento del Ministerio Público y dictó 18 meses de prisión preventiva contra el alcalde provincial de Contralmirante Villar, Jaime Yacila Boulangger, y el ex-alcalde distrital de Lobitos, José Guillermo Rodríguez Sánchez.
La medida coercitiva se ejecutó en el marco de la investigación preparatoria que se les sigue por la presunta comisión del delito de colusión agravada en agravio del Estado. Tras un debate que se extendió por varias sesiones, la judicatura penal determinó la existencia de graves y fundados elementos de convicción que vinculan a ambas autoridades con presuntos acuerdos ilícitos orientados a la concertación de licitaciones y la ejecución irregular de proyectos de infraestructura pública.
Sustentación de la tesis fiscal y estado procesal de los coimputados
La resolución judicial responde al análisis técnico de las pruebas presentadas por la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, las cuales detallan el presunto desvío de fondos y el direccionamiento de procesos de contratación estatal durante las gestiones de los investigados. Dentro del mismo pronunciamiento procesal, el órgano jurisdiccional evaluó la situación legal de otros tres implicados en el caso:
- Medida restrictiva alternativa: Los co-investigados Edgar Benítez, Edgar Lama y Freddy Campos recibieron mandato de comparecencia con restricciones.
- Reglas de conducta institucionales: Los tres procesados afrontarán las siguientes etapas del litigio en libertad, supeditados al cumplimiento estricto de restricciones normativas, tales como la prohibición de ausentarse de la localidad sin autorización judicial y la obligación de registrar mensualmente sus actividades ante el juzgado.
Garantías de continuidad y plazos de la investigación preparatoria
Con la aprobación del internamiento preventivo de Yacila Boulangger y Rodríguez Sánchez en el establecimiento penitenciario correspondiente, el Ministerio Público dispone de un marco temporal consolidado para asegurar el desarrollo de las diligencias pendientes sin riesgo de obstaculización o fuga.
La fiscalía anti-corrupción continuará con la ejecución del calendario de peritajes técnicos, el levantamiento de secretos bancarios y las declaraciones testimoniales requeridas para concluir la etapa preparatoria. Las autoridades judiciales precisaron que las medidas restrictivas dictadas buscan salvaguardar la idoneidad del proceso y garantizar que la tesis acusatoria sea sometida a un control de acusación con los estándares procesales que exige el ordenamiento penal peruano.
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