El Estado brasileño ofreció disculpas oficiales al pueblo indígena avá-canoeiro del Araguaia por las atrocidades que la etnia sufrió durante la dictadura militar (1964-1985). El reconocimiento de las graves violaciones a los derechos humanos de este grupo, hoy reducido a menos de 40 personas, se concretó el pasado jueves 2 de julio.
Durante una sesión plenaria, la Comisión de Amnistía del Ministerio de los Derechos Humanos y de la Ciudadanía declaró a los Âwa —como también se les conoce— como amniustiados políticos colectivos. La presidenta de la comisión, Ana Maria Lima de Oliveira, pidió perdón en nombre del Estado por los abusos del régimen dictatorial, al tiempo que agradeció su resistencia histórica para sobrevivir.
La amnistía colectiva como mecanismo de reparación
La amnistía política colectiva constituye el reconocimiento oficial de que agentes estatales persiguieron y vulneraron los derechos de comunidades y movimientos sociales por motivaciones estrictamente políticas. Desde 2023, cuando este mecanismo fue incluido en el reglamento, el colegiado ha evaluado siete casos de comunidades perseguidas, entre los que destacan los indígenas krenak y guarani-kaiowá, los inmigrantes japoneses perseguidos durante la Segunda Guerra Mundial, y la Federación de Asociaciones de Favelas de Río de Janeiro.
El dictamen del relator Manoel Severino Moraes de Almeida, sustentado en archivos de la Fundación Nacional de los Pueblos Indígenas (Funai), reveló que tras décadas de masacres perpetradas por terratenientes en Goiás, el Estado intervino en 1971 a través de una estrategia que, en lugar de protegerlos, empleó técnicas de captura, exhibición pública depreciativa, vigilancia y traslado forzoso, incrementando su vulnerabilidad.
Desplazamiento, sometimiento y la urgencia de su territorio
El informe técnico detalló que los avá-canoeiro fueron obligados a reubicarse en la isla del Bananal (Tocantins), donde quedaron confinados en condiciones de minoría frente a los javaé, sus rivales históricos. Este aislamiento los forzó a vivir en un estado permanente de subordinación y exclusión social, política y cultural.
Ante este panorama, el relator respaldó las recomendaciones del Ministerio Público Federal para concluir de forma urgente la expulsión de los ocupantes no indígenas de la Tierra Indígena Taego Ãwa, una superficie de 29,000 hectáreas reconocida formalmente en 2016.
Kamutaja Silva Ãwa, presidenta de la Asociación del Povo Ãwa, calificó la decisión como histórica y relató el sufrimiento psicológico de los sobrevivientes, incluidos los traumas de su madre, la matriarca Kawkamy Ãwa. Sin embargo, advirtió que a pesar del perdón institucional, la supervivencia de la comunidad —compuesta mayoritariamente por niños y jóvenes— sigue en riesgo debido a la burocracia estatal que les niega el acceso a políticas públicas esenciales bajo el argumento de que no cumplen con un número mínimo de integrantes, ignorando que se trata del pueblo con menor población en el estado de Tocantins.
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