Las autoridades cuantifican en 855 los edificios dañados por los terremotos, una catástrofe que ya registra 2,595 decesos y más de 12,400 heridos en las zonas afectadas.
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció que mantiene canales de diálogo abiertos con el Departamento de Estado de los Estados Unidos y el Fondo Monetario Internacional (FMI) con el propósito de canalizar y recuperar recursos económicos destinados a la reconstrucción de la infraestructura nacional.
Estas gestiones bilaterales surgen como respuesta de emergencia tras los destructivos terremotos del pasado 24 de junio, eventos sísmicos que han provocado una profunda crisis humanitaria. La evaluación preliminar de daños confirma una crisis humanitaria con 2,595 fallecidos y 12,400 personas lesionadas, registrándose además la afectación estructural de al menos 855 inmuebles residenciales e institucionales tras la secuencia de fuertes sismos.
Asistencia multilateral y mecanismos de transparencia financiera
Durante una comparecencia ante los medios de comunicación, la mandataria venezolana detalló que el Poder Ejecutivo también ha establecido contacto formal con el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Ambas entidades financieras multilaterales han puesto a disposición del país suramericano fondos de cooperación internacional no reembolsables y el acceso a líneas de crédito especiales para mitigar la emergencia.
Con el fin de centralizar la ayuda, Rodríguez comunicó la constitución de un fondo de contingencia inicial dotado de 200 millones de dólares, junto a la apertura de una cuenta auditada en la CAF-Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, diseñada específicamente para captar donaciones globales destinadas a la edificación de viviendas de interés social.
Apoyo técnico internacional y cuantificación satelital de pérdidas
En el ámbito operativo, se confirmó el arribo al territorio nacional de un contingente técnico de alta especialización procedente de Israel, el cual se encargará de realizar peritajes estructurales y evaluar los inmuebles que sufrieron daños severos pero que no colapsaron en su totalidad. Según un monitoreo satelital operado bajo el sistema de Análisis Digital Rápido (Rapida) del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el perjuicio económico sobre el parque inmobiliario, el comercio y los bienes particulares se calcula de forma preliminar en 6,700 millones de dólares.
El balance de damnificados oficializado por el Gobierno indica que más de 12,800 ciudadanos perdieron sus hogares, mientras que la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) eleva el registro a 16,000 personas desplazadas que requieren soluciones habitacionales alternativas. En paralelo, los esfuerzos de asistencia externa sumaron la participación del ministro de Defensa de Brasil, José Múcio, quien lideró una delegación oficial para expandir los planes de cooperación humanitaria, logística y soporte técnico en las zonas críticas de desastre.
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