La dimisión se produce bajo la presión del Parlamento, que promovía una interpelación y una denuncia constitucional para inhabilitar a la titular tras su cuestionado intento de destituir al superintendente Vicente Espinoza.
La ministra de Educación, María Cuadros, presentó su renuncia irrevocable al cargo que desempeñaba desde mediados de marzo del presente año, dentro del gabinete del gobierno interino de José María Balcázar. En la misiva oficial dirigida al jefe de Estado, la ahora ex-funcionaria formalizó su separación de la cartera agradeciendo la confianza otorgada para ejercer dicha responsabilidad y defendió su gestión asegurando haber actuado con integridad, dedicación y estricto apego al interés público y al desarrollo de las políticas educativas del país.
La dimisión se produce bajo la presión del Parlamento, que promovía una interpelación y una denuncia constitucional para inhabilitar a la titular tras su cuestionado intento de destituir al superintendente Vicente Espinoza.
El origen del conflicto: Autonomía y designaciones en la Sunedu
El detonante de la crisis política radica en la emisión de la Resolución Ministerial N.° 338-2026-MINEDU. Un sector de la representación parlamentaria calificó dicha norma como una flagrante intromisión del Poder Ejecutivo orientada a remover de manera arbitraria a Vicente Paúl Espinoza Santillán de su puesto en el Consejo Directivo de la Sunedu.
El pliego interpelatorio acusaba a Cuadros de pretender desestabilizar la institucionalidad del organismo supervisor mediante el uso de figuras legales dudosas, como los denominados «períodos complementarios», e ignorar de forma deliberada las advertencias y dictámenes técnicos emitidos por la Oficina General de Asesoría Jurídica del propio sector.
Ofensiva legislativa y denuncias constitucionales en curso
La presión contra la ex-ministra escaló al terreno jurídico con la presentación de una denuncia constitucional por parte de la congresista Tania Ramírez, de la bancada de Fuerza Popular. El recurso, derivado a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, solicita la destitución y la inhabilitación de Cuadros para el ejercicio de la función pública por un lapso de cinco años, bajo el argumento de haber infringido preceptos constitucionales y forzado el nombramiento de Policarpio Chauca Valqui en contradicción con sentencias del Tribunal Constitucional.
A esta medida se sumó una segunda denuncia de carácter penal interpuesta por el ex-consejero regional Luis Caya, quien exige procesar a la ex-ministra por la presunta comisión de los delitos de abuso de autoridad, colusión y negociación incompatible.
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