En Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.
Por más de cuatro horas, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales escuchó los testimonios de seis ciudadanos que denunciaron al presidente Pedro Castillo Terrones, por presuntos delitos de traición a la Patria y atentado contra la integridad nacional, al manifestar a un medio de comunicación internacional sobre la posibilidad de otorgar a Bolivia una salida al mar por nuestro territorio, tipificado en el artículo 325 del Código Penal.
Para ese efecto, la sesión recibió las declaraciones testimoniales de los ciudadanos Francisco Antonio Tudela Van Breugel – Douglas, Hugo Luis Guerra Arteaga, Lourdes Celmira Rosario Flores Nano, Ángel Guillermo Delgado Silva, César Vignolo Gonzales Del Valle y Fernán Romano Altuve-Febres Lores.
La denuncia, que fue hecha suya por los congresistas Norma Yarrow Lumbreras (Avanza País) y José Cueto Aservi (RP), cumplió con la tercera parte de la audiencia única, al escuchar a los testigos, solicitada por el delegado parlamentario de la acusación, Wilson Soto Palacios (AP), quien tiene a partir de ahora cinco días para elaborar su propuesta de informe final destinada a la Subcomisión.
Los testigos, destacados juristas de amplia trayectoria profesional y política, coincidieron en señalar que lo que diga un mandatario, dentro o fuera de un país, tiene efecto jurídico y viola su obligación constitucional de defender la integridad territorial, en sus artículos 54 y 118, en el caso peruano.
Coincidieron también en que la prueba de la acusación es la entrevista realizada al periodista Luis Fernando López del Rincón de la cadena televisiva CNN en español, difundida en el mundo los días 24 y 25 de enero del año en curso.
En la 18 sesión extraordinaria virtual, conducida por su presidente, congresista Rosío Torres Salinas (APP), también se presentó el abogado del Presidente de la República, José Palomino Manchego.
Flores Nano sostuvo que la referida declaración es un acto con consecuencias jurídicas y políticas y que corresponde al Congreso de la República cerrar en forma definitiva cualquier tipo de riesgo como consecuencias de la misma, en la relación con Bolivia.
Dijo también que dicha declaración responde a un proyecto político internacional, la denominada “Patria grande”, desarrollada por una organización criminal internacional, conducido por el denominado “Foro de Sao Paulo”.
Por su lado, Tudela Van Breugel – Douglas, refirió que Castillo Terrones reiteró su posición de hacer una consulta popular, para la salida al mar de Bolivia a través del territorio peruano, aunque para el tema de tratados internacionales no caben los referéndums. “Pero ese no es el problema, sino la gravedad de la propuesta infringiendo la Constitución y su deber de defender a la Patria”, anotó.
AUDIENCIAS
Durante la sesión también se vio la denuncia constitucional formulada por el exfiscal supremo Luis Carlos Arce Córdova contra el juez supremo Jorge Luis Salas Arenas, presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), y contra la exfiscal de la Nación Zoraida Ávalos Rivera; por presunta infracción constitucional de los artículos 3, 176, 178 de la Constitución Política del Perú; y por la probable comisión de los delitos de Abuso de Autoridad y Usurpación de Funciones, previstos en los artículos 376 y 361 del Código Penal, respectivamente.
El delegado de la denuncia, congresista Édgar Reymundo Mercado (CD-JPP), señaló que sería en la comisión donde se decida si se acata o no la resolución del juez y presentó una cuestión previa. La congresista, Martha Moyano Delgado (FP), sostuvo que el Poder Judicial no puede interferir en las acciones del Poder Legislativo. Jhakeline Ugarte Mamani (BMCN), señaló que se debía acatar la orden judicial respetando las decisiones de los órganos de justicia. El voto en mayoría de la asamblea decidió la continuación de la sesión.
Por su lado, Torres Salinas, afirmó que el procurador del Congreso está apelando a la sentencia emitida por un juez de Arequipa en torno a la acusación constitucional contra el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Luis Salas Arenas, en la que ordena la paralización del proceso, mientras ocupe el cargo al frente de esa institución.
En nombre de Salas Arena y de Ávalos Arenas, se presentaron los abogados Francisco Eguiguren Praeli y Pedro Grandez Castro, pero nadie en representación de la parte denunciante. La sesión fue publica, y los expertos en defensa sostuvieron que no existen argumentos para denunciar a sus defendidos.
Con la participación de la parte denunciada, el delegado parlamentario, Édgar Reymundo Mercado (CD-JPP), quedó con la tarea de preparar, en cinco días, la propuesta del informe final para que sea vista en la Subcomisión.
Los congresistas Carlos Bustamante Donayre (FP) y Soto Palacios, entre otros, señalaron que es necesario defender los fueron parlamentarios y no permitir que una orden judicial pretenda paralizar el proceso.
La sesión se realizó después de un debate sobre sí correspondía o no sesionar teniendo en cuenta que culminó la legislatura y se ha producido la aparición de nuevas bancadas y que su proporcionalidad ha variado. La congresista Martha Moyano Delgado (FP) señaló, que de acuerdo con el Reglamento del Congreso la Comisión Permanente, a la que está adscrita la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, es como su nombre lo dice, permanente y correspondía continuar con la sesión y su agenda programada porque todos los procesos tienen que continuar. Así coincidieron también los congresistas Carlos Ernesto Bustamante Donayre (FP) y Alejandro Muñante Barrios (RP).
Una cuestión previa planteada por el congresista Édgar Reymundo Mercado (CD-JPP) para votar sobre el particular fue rechazada por mayoría y se dio lugar a la consecución de la sesión.
Un pedido de reconsideración a la delegatura en la Denuncia Constitucional 268 y 269 acumuladas, recaída en el congresista Reymundo Mercado, planteada por la congresista Norma Yarrow Lumbreras (Avanza País) no prosperó por no alcanzar los votos que se requerían.
En otro momento, ese grupo de trabajo aprobó por mayoría la inhibición solicitada por el congresista Hernando Guerra García Campos (FP) , en el caso de la Denuncia Constitucional N° 240 que involucra a la excongresista Luciana León Romero, por comentarios que objetaron su imparcialidad. Finalmente, el caso fue delegado al congresista Alejandro Muñante Barrios(RP).
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