La entidad sectorial metropolitana confirmó que las bandas dedicadas al cobro de cupos mantienen bajo coacción a directores de escuelas públicas y colegios privados de la provincia de Lima.
Un total de 16 instituciones educativas de Lima Metropolitana han sido blanco de mafias extorsivas durante el presente periodo anual, según el balance oficial presentado por Marcos Tupayachi, vocero de la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana (DRELM). El funcionario advirtió que la coacción sistemática y la exigencia ilícita de dinero en efectivo golpean por igual a infraestructuras pedagógicas tanto del sector público como privado.
Al contextualizar la crisis de orden público, recordó que durante el año anterior se contabilizaron aproximadamente 35 planteles escolares bajo asedio criminal, lo que evidencia un escenario delictivo persistente caracterizado por llamadas intimidatorias, reglajes e impunes demandas de cupos económicos orientadas a condicionar la integridad de la plana directiva.
Frente a la vulneración de la seguridad educativa, la DRELM ejecuta las directrices contempladas en su Plan Integral de Seguridad Escolar, un instrumento técnico coordinado con el Ministerio del Interior, los gobiernos locales y la Policía Nacional.
Los lineamientos preventivos incluyen el despliegue de agentes especializados de inteligencia en modalidad encubierta, patrullajes focalizados de serenazgo y la designación de un efectivo policial como promotor de seguridad permanente dentro de las instalaciones afectadas. Adicionalmente, el protocolo establece que ante situaciones de inminente riesgo o pánico colectivo dentro de la comunidad escolar, las actividades presenciales se suspenderán por un lapso de una semana para migrar hacia entornos virtuales, periodo que el sector aprovecha para desplegar programas de contención socioemocional dirigidos a alumnos y padres de familia.
Infiltración de pandillaje, deserción y alarmante déficit en infraestructura tecnológica
El diagnóstico institucional de la DRELM expone un segundo desafío crítico: el incremento sustancial de la violencia interna en las escuelas, un fenómeno que trasciende el acoso convencional al registrarse dinámicas vinculadas al microcomercio de drogas, vandalismo de barras bravas e intentos de organizaciones criminales por instrumentalizar a menores de edad para infiltrar los planteles.
Esta problemática se ve catalizada por variables sociodemográficas como el desempleo, la desestructuración familiar y los márgenes de pobreza. Aunque la autoridad ha implementado mapas de georreferenciación de riesgos y fortalecido las Brigadas de Autoprotección Escolar (BAPES), el vocero admitió una severa brecha de recursos logísticos para la cobertura total: de los 2,032 colegios públicos que operan en Lima Metropolitana, apenas 73 disponen de cámaras de videovigilancia interconectadas con las centrales de monitoreo policial.
Como estrategia de mitigación frente a este déficit, el sector promueve la articulación de redes de apoyo compuestas por bloques de 10 a 20 escuelas para cohesionar la capacidad de respuesta comunitaria.
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