El pasado 29 de junio, el Ejecutivo publicó el Decreto Supremo N.° 012-2025-EM, que dispone la prórroga “por única vez” del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) hasta el 31 de diciembre de este año. Esta medida reglamenta lo dispuesto por la Ley N.° 32213, promulgada en diciembre de 2024, la cual autorizó una tercera y última prórroga. Sin embargo, diversos gremios de la pequeña minería y minería artesanal advierten que no se trata de una verdadera ampliación, sino de un cierre programado que amenaza con expulsar del proceso a miles de mineros en vías de formalización.
Según el decreto, solo podrán acogerse a esta prórroga quienes mantengan su inscripción vigente o suspendida por un período menor a un año al 30 de junio de 2025. En cambio, quienes fueron excluidos o tienen suspensiones mayores no podrán reingresar, lo que sellaría el final de su intento de formalización. Esta disposición es vista por sectores como la Confederación Nacional de Federaciones de Mineros del Perú (CONFEMIN) como una forma encubierta de depurar el padrón sin haber resuelto los nudos estructurales del proceso. “La norma no amplía derechos, los restringe. Nos dijeron que habría una nueva política para la minería artesanal, pero en lugar de eso, solo nos dan seis meses más bajo condiciones que muy pocos cumplen”, señaló el gremio en un reciente pronunciamiento.
Según CONFEMIN, el Estado estaría apostando por una fiscalización intensiva y excluyente, en lugar de brindar asistencia técnica, soluciones territoriales o una política integral diferenciada.
Esta crítica también se ha hecho sentir desde los territorios. Desde la provincia de Pataz, en La Libertad, el minero artesanal Magno Ismael Palomino cuestionó la prórroga anunciada por el Ejecutivo y afirmó que, en la práctica, se trata de una eliminación de los mineros artesanales que ya no podrán retornar al REINFO.
Lo que agrava el escenario es que la norma establece con claridad que el 31 de diciembre culmina definitivamente el proceso de formalización para quienes no estén habilitados en el REINFO, cerrando toda posibilidad de reactivación del registro. Esta clausura definitiva ocurre en un contexto donde aún no existe la anunciada Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal, que debía reemplazar al sistema actual con un nuevo marco legal. En la práctica, esto abre un vacío normativo que podría traducirse en mayor criminalización o en el resurgimiento de economías informales e ilegales.
Por su parte, el Ministerio de Energía y Minas ha indicado que esta medida responde al mandato legal de la Ley 32213, la cual estableció un plazo excepcional de seis meses —contados desde su promulgación en diciembre de 2024— para que el Ejecutivo cierre el proceso de formalización. Sin embargo, dicha ley fue aprobada sin diálogo técnico ni consulta previa con los gremios, lo que ha sido duramente criticado por las organizaciones del sector. Para CONFEMIN, esto evidencia que el Estado no ha asumido un enfoque participativo ni diferenciado con los mineros artesanales.
Diversos analistas coinciden en que la política de formalización se encuentra en una encrucijada. Si bien el sistema del REINFO, creado en 2017, ha sido duramente cuestionado por su uso fraudulento y por la falta de resultados sostenibles, el cierre sin alternativas claras ni una nueva arquitectura legal puede provocar nuevas olas de exclusión y conflictividad social en regiones clave como Madre de Dios, La Libertad, Puno o Ayacucho, donde la minería artesanal no solo es fuente de sustento, sino también un factor de arraigo comunitario.
Mientras tanto, más de 70 mil mineros quedarían en la incertidumbre frente a un proceso que, lejos de consolidarse, parece extinguirse sin respuestas claras. Para CONFEMIN y otras organizaciones del sector, el Estado estaría cerrando el registro sin abrir la política que prometió.
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