La Corte Suprema ratificó la ampliación de la prisión preventiva contra el expresidente Pedro Castillo, investigado por presuntamente liderar una organización criminal en Petroperú, Provías Nacional y el Ministerio de Vivienda.
De esta manera, la instancia judicial declaró infundado el recurso de apelación de la defensa. La medida vencerá el 8 de marzo de 2027, fecha en la que el mismo tribunal prevé resolver la impugnación a la condena de 11 años y 5 meses impuesta por el fallido golpe de Estado.
El fallo confirmó lo resuelto en febrero por el Juzgado Supremo de la Investigación Preparatoria, que accedió al pedido de la Segunda Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos de prorrogar la medida por 12 meses.
En la resolución a la que accedió Infobae, los jueces supremos concluyeron que la complejidad de la investigación amerita extender la medida para realizar pericias y análisis técnicos especializados.
Asimismo, el tribunal evaluó la magnitud de la presunta red corrupta, que involucra a Pedro Castillo, a los exministros Juan Silva (MTC) y Geiner Alvarado (Vivienda), y a otros 90 investigados en distintos despachos fiscales.
Por otro lado, la Sala Suprema Penal Permanente consideró la existencia de peligro de fuga, debido a la falta de arraigo laboral del imputado, la predisposición del Gobierno de México para otorgarle asilo político —como ocurrió con Betssy Chávez— y la presencia de su familia en dicho país tras recibir un salvoconducto.
Por ello, el tribunal supremo exhortó al Ministerio Público a actuar con celeridad, al advertir que no concederá un plazo adicional.
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