La Defensoría del Pueblo ha anunciado su decisión de presentar una demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional contra la recién promulgada Ley N° 32330. Esta norma, que modifica el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes, permite que jóvenes mayores de 16 y 17 años sean juzgados como adultos por la comisión de delitos graves.
La controversia surge por la implicación de que adolescentes involucrados en crímenes como homicidio, violación sexual, sicariato, secuestro, robo agravado y narcotráfico puedan ahora enfrentar procesos y penas bajo el sistema penal ordinario, en lugar del régimen de justicia juvenil especializado. La Ley N° 32330 modifica específicamente los artículos 20 y 22 del Código Penal para aplicar penas privativas de libertad, además de medidas socioeducativas. Si bien se dispone que los internos de 16 a 21 años sean recluidos en áreas separadas de los adultos, la preocupación radica en el fondo de la medida.
La Defensoría del Pueblo ha calificado esta ley como un grave retroceso en materia de derechos humanos y justicia juvenil, argumentando que contradice el enfoque restaurativo y socioeducativo del Código de Responsabilidad Penal del Adolescente, vigente desde 2017. La institución enfatiza que esta ley carece de respaldo técnico y se opone a los estándares internacionales en materia de justicia penal para adolescentes.
Importantes entidades del sistema de justicia y de protección de la niñez y adolescencia han manifestado también su rechazo. El Poder Judicial, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH), y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), han expresado su preocupación, coincidiendo en que la medida no es la más adecuada para enfrentar la criminalidad juvenil y que, en su lugar, se debe fortalecer el sistema de justicia juvenil especializado con un enfoque terapéutico y de reintegración social.
La Defensoría insiste en la necesidad de implementar políticas públicas que aseguren el desarrollo integral de los adolescentes, en lugar de adoptar respuestas punitivas que podrían afectar desproporcionadamente a los jóvenes en situación de vulnerabilidad. La interposición de la demanda de inconstitucionalidad buscará que el máximo intérprete de la Constitución evalúe la compatibilidad de esta norma con el marco legal vigente y los derechos fundamentales de los adolescentes.
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