En lo que va del periodo anual de sesiones 2021-2022, el Congreso de la República ha aprobado seis leyes que sí favorecen a 2.2 millones de agricultores familiares en el país, gracias a iniciativas presentadas por los congresistas de distintas bancadas.
Se trata de la Ley 31360, que declara de necesidad la emergencia alimentaria y la campaña agrícola; la Ley 31361, que brinda prioridad para la comercialización del guano de isla y la Ley 31368, que regula el servicio de extensión agropecuaria.
También la Ley 31371, que incorpora el literal h) en el artículo 6 de la Ley 30355 (que prioriza el seguro agrario para proteger la agricultura familiar) y la Ley 31413, que declara de necesidad pública y preferente interés nacional la elaboración del expediente técnico y la construcción de la represa en el sector Tapa de Cuy, distrito Cristo Nos Valga, ubicada en la provincia de Sechura (Piura).
La sexta norma legal vigente en favor de la agricultura familiar es la Ley 31410, que crea el Servicio Civil de Graduandos para el Sector Agrario.
La presidenta de la Comisión Agraria, Vivian Olivos (FP), recordó que con fecha 5 de octubre del año anterior, pidió al entonces ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Víctor Raúl Maita, «el detalle de las acciones, plazos, presupuesto, fuentes de financiamiento y demás requeridos para la implementación de la denominada Segunda Reforma Agraria».
E igualmente requirió al ministro Maita que precise los proyectos de ley que serán remitidos al Congreso de la República para este fin, pero -hasta la fecha- no obtuvo ninguna respuesta.
Hoy, la congresista Olivos ha vuelto a insistir en su pedido en una comunicación directa al presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, en la cual remarca que la Comisión Agraria «no ha recibido propuesta alguna del Poder Ejecutivo» respecto al anuncio presidencial de la denominada segunda reforma agraria.
Por ello, la congresista Olivos pide al titular de la PCM que le remita «con carácter de urgencia un informe con la lista de proyectos que enviará al Congreso en el marco de la segunda reforma agraria», sobre la base del mandato estipulado en los artículos 69 y 71 del Reglamento del Congreso.
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