Por fallo que benefició a genocidas
A las 13 horas integrantes de los organismos de derechos humanos presentarán en el Congreso un pedido de juicio político a Elena Highton de Nolasco, Horacio Daniel Rosatti y Carlos Fernando Rosenkrantz, los jueces de la Corte Suprema de Justicia conocidos desde mayo pasado como los Jueces del 2 por 1.
La presentación que harán hoy Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, HIJOS y, entre otros, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre se suma a otros pedidos semejantes presentados en el Congreso.
Los organismos que aún aguardan un nuevo fallo de la Corte que ponga fin a la vigencia del fallo tras la sanción de la Ley 27.362 del Parlamento, le reclaman a ese mismo Congreso estar a la altura del rol que les otorgó el voto popular, luego de un fallo que provocó un repudio masivo de la sociedad argentina que le dijo a los jueces Nunca Mas. “No desconocemos las presiones a favor de la impunidad de los terroristas de Estado que ejercen quienes responden a los más altos poderes fácticos de nuestro país –señalan en el escrito–. Es precisamente por estas presiones que resulta indispensable que nuestro máximo tribunal judicial esté integrado por juristas capaces de resistir a esas presiones, en lugar de responder a ellas aún en contra de la normativa legal vigente”.
Hay otros pedidos en el Congreso, entre ellos el del colectivo de abogados y abogadas de lesa humanidad Mario Bosch. En este caso, hoy harán la presentación por mesa de entradas Taty Almeida de Madres y entre otros José Schulman de la Liga.
“Venimos a solicitar el inicio de juicio político a los Ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación: Elena Highton de Nolasco, Horacio Daniel Rosatti y Carlos Fernando Rosenkrantz, en virtud de que -desde nuestro punto de vista-estos magistrados han incurrido en la causal de mal desempeño en sus funciones”, señala la presentación. “Solicitamos a la Honorable Cámara que, en su rol de parte acusadora ante el Senado de la Nación, impulse el presente pedido, previa producción de las pruebas que hemos de ofrecer y otras que resulten pertinentes y conducentes para el esclarecimiento de la verdad material de los hechos que aquí se denuncian”.
El 29 de diciembre de 2011, recuerdan, Luis Muiña fue condenado junto a Reinaldo Benito Bignone e Hipólito Rafael Mariani por delitos de lesa humanidad a la pena de trece años de prisión, condena que fue confirmada por la Cámara de Casación. “Como es público y notorio, los jueces aquí denunciados y cuyo juicio político promovemos, formaron la mayoría que en forma contraria a derecho declaró aplicable al caso de Muiña la ley 24.390 (conocida como la ley del 2×1), vigente entre 1994 y su derogación en el año 2001.
A tal punto esta decisión inadmisible marcó un punto de inflexión en el propio Poder Judicial -dicen–, que tras conocerse el decisorio que sacudió las conciencias de la mayoría de la sociedad y multiplicarse las voces de repudio, la abrumadora mayoría de los Tribunales que recibieron pedidos similares de la aplicación del derogado art. 7 de la Ley 24.390 se alzaron contra el fallo Muiña y rechazaron –en general con sólidos fundamentos– esos planteos”.
Asimismo, el repudio llevó a que ambas Cámaras del Congreso aprobaran la ley interpretativa –que tuvo apoyo prácticamente unánime– que expresamente declara inaplicable la derogada normativa del 2 por 1. “Todos somos conscientes de que el día 10 de mayo pasado, todo el Movimiento de Derechos Humanos, junto a una multitudinaria e indescriptible presencia ciudadana, se plantó en la Plaza de Mayo, en numerosas localidades del interior del país e, inclusive, en otras partes del planeta, para decir ‘Señores jueces NUNCA MÁS’, defendiendo las ya históricas banderas de Memoria, Verdad y Justicia.
El reclamo contra la impunidad de los terroristas de Estado es ya parte integrante del contrato social de quienes habitamos la República Argentina y no estamos dispuestos a consentir que se pretenda destruir las conquistas alcanzadas a través de tantas décadas de lucha”.
El pedido de juicio político es una acción en una línea más extensa en la que se espera también un nuevo fallo de la Corte Suprema, luego de la sanción de la Ley aclaratoria del Congreso 27.362 sancionada luego del repudio masivo al fallo y que establece que el beneficio del 2 x 1 no es aplicable a los casos de delitos de lesa humanidad.
Luego de la sanción de la Ley la Corte inició una rueda de consultas en el marco de los incidentes formados por las peticiones de trece represores que solicitaron la aplicación del cómputo privilegiado del “2×1” para las penas que están cumpliendo. Las consultas incluyeron a los querellantes, defensores y la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó que el 14 de julio, antes de la feria, presentó un dictamen que dictaminó la inaplicabilidad del beneficio.
“Nuestro pedido de juicio político es porque entre el mes de mayo y el día de hoy, pasó mucho tiempo y la Corte no anuló su resolución del 2×1 con lo cual sigue en pie”, explica José Schulman de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre. “Los procesos de consultas están en marcha pero pueden durar años.
Y este criterio, entonces, también puede durar años porque la Corte vota e instala un criterio jurídico. Ese criterio está firme porque no lo dio vuelta. La situación es comparable a cuando se anularon las leyes de impunidad: el Congreso anuló en 2003 pero el criterio entró en vigencia cuando la Corte las declaró nulas dos años mas tarde. En este caso, la Corte aún no ratificó la decisión del Congreso.
La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo ayer fue consultada sobre la iniciativa. “Una decisión tan nefasta como el 2×1 para los asesinos de la dictadura cívico militar los coloca en una posición de incompetencia para casos futuros. La Justicia debería tomar decisiones coherentes en forma permanente”, dijo Estela de Carlotto. Y explicó que los tres jueces deberían haber renunciado.
(Fuente: Nodal)
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