¿Más vale tarde que nunca? Recién, después de 48 horas, se pudo observar la presencia de los abogados de la Defensoría Pública del Ministerio de Justicia, Minjus, en la sede de Seguridad del Estado, lo que por supuesto devolvió la tranquilidad a los familiares de Jovi Herrera Alania y Jorge Luis Huamán Villalobos, los dos jóvenes fallecidos durante el incendio ocurrido en la Galería Nicolini.
Hasta la víspera, ellos prácticamente se encontraban abandonados a su suerte y en sus rostros mostraban esa desesperación y desesperanza propia de los humildes que saben que la justicia no está hecha para los pobres.
Y es que durante dos días, mientras Johnny Coico Sirlopu y su esposa Vilma Zeña Santa María eran interrogados por la fiscal María Hinostroza Zenta, acompañados de sus abogados, solo un familiar de cada víctima participaba de las reuniones sin que ningún abogados los asesore.
¿Por qué se dio esta inexplicable situación de indefensión de parte del Estado, es decir el Minjus? ¿Por qué demoraron tanto si la defensa pública es un derecho humano fundamental reconocido por la Constitución Política del Perú, y responde al principio de la dignidad humana que es el fin supremo de la sociedad?
La respuesta es simple.
Porque los abogados encargados de ejercer la defensa de parte del Estado, que son absurdamente reglamentaristas y actúan “pegados” a las normas se ciñen a que, por ahora, este derecho está dirigido principalmente a los grupos que necesitan protección especial como discapacitados, menores de edad, adultos mayores, cuyos recursos económicos no le alcanzan para contratar a un abogado.
Es decir la frase “todos somos iguales ante la ley”, solo queda en eso: una frase.
Sin duda la presión mediática hizo que la ministra de Justicia Marisol Pérez Tello corrigiera este craso error de indefensión.
Es así que a la sede de Seguridad del Estado llegó el doctor Luis Yshíi Meza, director general de Defensa Pública del Ministerio de Justicia, quien de inmediato asumió la defensa en favor de las familias de las víctimas. El representante del Minjus fue recibido por el jefe de la dependencia y realizaron las coordinaciones para conocer las declaraciones de Coico y Zeña.
Luis Yshii Meza explicó que el objetivo es la formalización de la denuncia penal y prisión preventiva para Johnny Coico. El funcionario dijo que el delito es explotación laboral en la modalidad de esclavitud y que de acuerdo al artículo 153 C del Código Penal, los responsables de este delito podrían recibir entre 25 y 30 años de prisión.
Por ahora el Poder Judicial ha dictado, siete días de prisión preliminar contra Jonny Coico Sirlopu y su esposa Vilma Zeña, los presuntos responsables de la muerte de los jóvenes Jovi Herrera y Jorge Luis Huamán en el incendio de Las Malvinas.
Por último tenemos que decir que el rótulo de “acceso a la justicia” que se exhibe en el frontis del ministerio de Justicia debe aplicarse a diversas situaciones y no solo desde la perspectiva jurídica. La pobreza es una de ellas.
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