El congresista y presidente de la Comisión de Educación del Congreso, Segundo Montalvo, presentó una denuncia penal ante la Fiscalía de la Nación contra el presidente de la República, José María Balcázar.
La acusación, que también alcanza a diversos exministros, vincula al mandatario con la presunta comisión de los delitos de abuso de autoridad, negociación incompatible y omisión de actos funcionales.
En el documento, el legislador sostiene que la investigación debe centrarse en dos ejes.
El primero está relacionado con la crisis de inseguridad ciudadana, al señalar que durante la gestión de Balcázar se registró un incremento de homicidios, extorsiones, secuestros y otros delitos, lo que -según afirmó- el mandatario habría incurrido en un «abandono sistemático» de su deber de proteger a la población.
El documento destaca que, bajo la actual administración, el índice de criminalidad ha posicionado al Perú en el puesto 11 a nivel mundial en inseguridad, afectando a más de dos millones de empresas que operan «afectadas por la criminalidad organizada y la extorsión».
Asimismo, cuestionó la falta de implementación de normas destinadas a combatir la delincuencia y el incumplimiento de obligaciones previstas en la legislación sobre seguridad ciudadana.
El segundo eje de la denuncia corresponde al proceso de adquisición de 24 aviones de combate F-16 para la Fuerza Aérea del Perú a la empresa estadounidense Lockheed Martin, una operación valorada en 3 500 millones de dólares.
Según el documento, el presidente Balcázar habría incurrido en abuso de autoridad al firmar el Decreto Supremo N°001-2026, que autorizaba la compra bajo «secreto militar», para luego negar públicamente y de forma reiterada la existencia de dichos contratos.
Esta presunta falta a la verdad provocó una crisis en el gabinete el pasado 22 de abril, cuando el exministro de Defensa, Carlos Díaz Dañino, y el excanciller Hugo de Zela renunciaron a sus cargos acusando al Jefe de Estado de «mentirle al país».
Si bien el artículo 117 de la Constitución otorga inmunidad al presidente en ejercicio, el denunciante argumenta que esta prerrogativa es temporal y cesará el próximo 28 de julio de 2026, fecha en que concluye el mandato de José María Balcázar.
Por ello, solicita a la Fiscalía de la Nación que inicie de inmediato las diligencias preliminares (toma de declaraciones y recopilación de pruebas) y reserve la formalización de la investigación hasta el cese de funciones del mandatario.
En cuanto a los exministros y demás funcionarios comprendidos en la denuncia, pide que las investigaciones se inicien de inmediato al no contar con dicha protección constitucional.
La denuncia se ampara en una reciente sentencia del Tribunal Constitucional (STC 152/2025), la cual habilita al Ministerio Público a investigar al entorno presidencial y recopilar testimonios del propio presidente mientras este se encuentra en el cargo.
De «encontrarse mérito» tras el 28 de julio, se buscaría canalizar una acusación constitucional que podría extenderse hasta cinco años después de concluido el mandato.
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