El presidente del Poder Legislativo, Fernando Rospigliosi Capurro, respaldó el paquete de reformas normativas en materia penal y de seguridad ciudadana aprobadas por la representación nacional, rechazando los cuestionamientos que catalogan dichas disposiciones como perjudiciales para la lucha contra la delincuencia organizada.
Al concluir la conducción de la sesión de la Comisión Permanente, el titular del Parlamento enfatizó que las nuevas herramientas legales buscan dotar de mayor eficacia operativa a la Policía Nacional del Perú (PNP) frente al incremento de los índices delictivos. En ese sentido, reafirmó el apoyo político e institucional del Congreso a las fuerzas del orden y desestimó de forma categórica las críticas de diversos sectores civiles y jurídicos.
Análisis técnico del nuevo marco legal de protección policial y civil
El representante del Legislativo detalló el alcance de tres disposiciones fundamentales que componen el bloque de reformas de control penal aprobadas por el Pleno:
- Exención de responsabilidad penal por uso de la fuerza: La normativa establece que los efectivos policiales que utilicen sus armas de reglamento de forma legal, legítima y constitucional en el ejercicio de sus funciones no podrán ser sometidos a mandatos de prisión preventiva ni declarados penalmente responsables. Rospigliosi argumentó que esta medida salvaguarda a los agentes ante acusaciones judiciales injustificadas.
- Restitución de la investigación preliminar a la PNP (Ley 32130): La norma, de autoría del propio titular del Parlamento, devuelve la conducción de las indagaciones iniciales a la institución policial. Según su postura, la pérdida de esta facultad histórica debilitó la persecución del delito y alineó al país en sentido opuesto a los estándares internacionales de investigación criminal.
- Modificación de los alcances de la legítima defensa (Ley 32026): Esta ley amplía las garantías para los civiles que utilicen armas adquiridas legalmente para repeler un acto delictivo en su contra, eximiéndolos de responsabilidad penal ordinaria bajo los nuevos criterios de proporcionalidad e inmediatez.
Improcedencia jurídica del eventual beneficio penitenciario para Pedro Castillo
En el ámbito político, el titular del Parlamento se pronunció respecto a las informaciones periodísticas que especulan sobre un presunto trámite gubernamental para otorgar un indulto humanitario al expresidente Pedro Castillo Terrones. Rospigliosi calificó dicha posibilidad como un escenario jurídicamente inviable y contrario a la legislación constitucional vigente, debido a que el exmandatario se encuentra impugnando en segunda instancia la sentencia condenatoria dictada en su contra por el delito de rebelión.
Finalmente, el presidente del Congreso recordó que cualquier gracia presidencial de esta naturaleza requiere la firma vinculante del ministro de Justicia y Derechos Humanos, quien ya ha manifestado públicamente su negativa a procesar un pedido de esa índole. Concluyó señalando que, ante la falta de una resolución judicial firme y consentida, otorgar el indulto configuraría un acto de ilegalidad absoluta dentro del ordenamiento procesal peruano.
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