El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) ha puesto en marcha un despliegue estratégico de barrido electrónico en las inmediaciones de los centros penitenciarios Ancón I y Ancón II. Esta medida técnica tiene como objetivo primordial la detección y neutralización de antenas clandestinas que suministran señal a dispositivos móviles prohibidos dentro de los recintos.
Con esta intervención, las autoridades buscan cortar los vínculos de comunicación que facilitan delitos de extorsión coordinados desde el interior de las cárceles, fortaleciendo así la seguridad ciudadana en el marco de una operación conjunta con la Policía Nacional del Perú (PNP) y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).
El presidente del INPE, Henry Cotos Ochoa, informó que este plan de acción no es un evento aislado, sino que se replicará de manera progresiva en los 69 establecimientos penitenciarios del país. El cronograma de ejecución priorizará aquellas dependencias de Régimen Cerrado Especial y Ordinario con mayor población penal, especialmente donde se encuentran internos vinculados a organizaciones criminales o de difícil readaptación. Este esfuerzo tecnológico permite intervenir en espacios exteriores que anteriormente eran inaccesibles, gracias a la coordinación operativa con las jurisdicciones policiales de Ancón y Puente Piedra.
Esta iniciativa se consolida como una herramienta complementaria a las requisas ordinarias y extraordinarias que se realizan a nivel nacional. Según explicó Cotos Ochoa, el barrido electrónico es un pilar fundamental de la denominada “Política Cero a las Extorsiones”, directriz impulsada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Al neutralizar las frecuencias de radio y telefonía originadas en inmuebles colindantes, el sistema penitenciario busca erradicar el uso de tecnología ilícita y garantizar que el cumplimiento de las penas se realice bajo un control absoluto del Estado, limitando cualquier capacidad operativa de los internos frente al exterior.
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