La Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso aprobó, con 14 votos a favor, un dictamen que plantea reformas clave al Nuevo Código Procesal Penal (Decreto Legislativo 957).
La iniciativa, basada en una propuesta de la congresista Katy Ugarte, busca estandarizar el cómputo de los plazos para interponer recursos impugnatorios, eliminando las discrepancias judiciales actuales sobre cuándo empieza a correr el tiempo para apelar sentencias o mandatos de prisión preventiva.
Unificación de criterios procesales y derecho de defensa
El presidente del grupo de trabajo, Flavio Cruz Mamani, explicó que la reforma responde a la necesidad de brindar seguridad jurídica, especialmente cuando las resoluciones se dictan en audiencia pública. La modificación precisa que el plazo para apelar debe contabilizarse garantizando que las partes tengan acceso al contenido íntegro del fallo, y no solo a la lectura parcial del acta.
De este modo, se modifica el artículo 396 para establecer que la notificación física o electrónica es obligatoria, independientemente de su lectura pública, protegiendo así el ejercicio efectivo del derecho de defensa.
Digitalización de medidas de protección y extradiciones
En la misma sesión, se aprobó modificar la Ley 30364 para optimizar la lucha contra la violencia familiar. La reforma permitirá que las medidas de protección sean notificadas al agresor no solo de forma física, sino también a través de herramientas tecnológicas como aplicaciones de mensajería instantánea, correos electrónicos y redes sociales.
Asimismo, la comisión respaldó el allanamiento a las observaciones del Ejecutivo sobre la ley que fortalece los procedimientos de extradición y traslado de condenados, buscando agilizar la cooperación judicial internacional.
Modernización de las empresas individuales (EIRL)
Finalmente, el grupo parlamentario dio luz verde a una actualización del Decreto Ley 21621, que regula las Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada. Flavio Cruz señaló que el marco normativo actual, vigente desde 1976, resulta obsoleto para las dinámicas económicas de 2026.
Los cambios propuestos buscan facilitar el tráfico comercial, mejorar el acceso a financiamiento y simplificar procesos de sucesión o incorporación de socios, permitiendo que los emprendedores cuenten con una estructura legal alineada con la realidad del mercado contemporáneo.
Acerca del autor
