La Policía Nacional del Perú (PNP) desmanteló la organización criminal “La Nueva Generación”, también autodenominada “Los Mexicanos”, la cual operaba en los distritos de Ate y El Agustino. La intervención, liderada por la Dirincri, permitió la captura de cuatro integrantes vinculados a delitos de extorsión, tráfico de tierras y usurpación de terrenos.
Entre los detenidos destaca un efectivo policial en actividad, quien presuntamente utilizaba sus recursos logísticos para amedrentar a las víctimas.
Modus operandi y fachada de legalidad
La banda, encabezada por un sujeto conocido como alias “Manquito”, utilizaba una supuesta asociación de vivienda como fachada para apropiarse de predios estatales. Según el coronel Juan Carlos Montufar, jefe de la División de Investigación de Asuntos Sociales, los criminales emitían falsos certificados de posesión para engañar a ciudadanos interesados en adquirir un lote.
Durante los allanamientos en Santa Clara y El Agustino, se incautaron más de 50 certificados de terreno, documentos con los que simulaban procesos administrativos legítimos que nunca fueron registrados ante las municipalidades o entidades públicas correspondientes.
La red criminal empleaba un sistema de pagos forzosos bajo amenaza de expulsión violenta. Aquellas víctimas que se negaban a cumplir con las cuotas exigidas eran amedrentadas con armas de fuego o desalojadas de los terrenos, los cuales eran revendidos inmediatamente a otros compradores.
Las investigaciones determinaron que muchos agraviados realizaron aportes económicos durante dos años, bajo la falsa promesa de obtener títulos de propiedad, descubriendo la estafa recién al intentar formalizar sus trámites ante el Estado.
Participación de un mal efectivo y nexos criminales
Un hallazgo crítico del operativo fue la implicación de un suboficial de la PNP perteneciente a la Dirección de Educación y Doctrina. Las pericias indican que el número telefónico del agente fue empleado para realizar llamadas y enviar mensajes extorsivos a los posesionarios. Asimismo, se hallaron panfletos amenazantes que confirmaban el uso de violencia psicológica para asegurar el beneficio económico de la organización.
El coronel Montufar señaló que toda la documentación y evidencia incautada ha sido puesta a disposición del Ministerio Público para el análisis pericial respectivo. La Policía Nacional no descarta nuevas capturas, ya que las pesquisas apuntan a que la red de tráfico de terrenos podría tener un alcance mayor en la zona este de Lima Metropolitana. El proceso judicial buscará esclarecer el nivel de infiltración de la banda y garantizar la restitución de los derechos de los ciudadanos afectados.
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