El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, reafirmó el compromiso del Legislativo con la soberanía sobre la Guayana Esequiba, sosteniendo que la unidad nacional y el mandato del referéndum consultivo de diciembre de 2023 son los pilares fundamentales frente a lo que calificó como un despojo territorial.
Durante la sesión ordinaria, se aprobó por unanimidad un Acuerdo en respaldo a la defensa integral del territorio y a la estrategia jurídica del Estado ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), fundamentando la postura venezolana en el principio de Uti Possidetis Iuris.
El mandato popular y la legitimidad del referéndum
Rodríguez enfatizó que la consulta popular elevó el reclamo histórico a un nuevo nivel de legitimidad política y social. Según el jefe del Parlamento, la Ley Orgánica para la Defensa de la Guayana Esequiba, promulgada en marzo de 2024, representa la formalización legislativa de la voluntad ciudadana.
Destacó la cohesión de la delegación venezolana en las instancias internacionales y señaló que el mandato recibido por el pueblo obliga a todas las instituciones a mantener una postura coherente y digna en defensa del territorio.
Vigencia del Acuerdo de Ginebra frente a la CIJ
La postura oficial del Parlamento subraya que el Acuerdo de Ginebra de 1966 es el único instrumento jurídico vinculante para resolver la controversia de forma negociada. Rodríguez reiteró el desconocimiento de la jurisdicción de la CIJ para emitir un fallo sobre el caso, argumentando que cualquier decisión judicial impuesta vulneraría el espíritu de solución satisfactoria y consensuada que establece el tratado de 1966. Incluso ante un eventual escenario favorable en dicho tribunal, el legislador sostuvo que Venezuela no podría reconocer el dictamen por contravenir la filosofía del diálogo bilateral.
Unidad política y reconocimiento histórico
El diputado advirtió que la estabilidad interna es crucial para evitar que actores externos aprovechen las diferencias políticas y perpetúen la validez del Laudo Arbitral de 1899, el cual Venezuela considera nulo e írrito.
En este sentido, recordó que tanto el oficialismo como sectores de la oposición han coincidido en este reclamo en espacios de negociación previos.
Finalmente, se propuso incluir un reconocimiento a las gestiones diplomáticas realizadas por cancillerías y parlamentos anteriores a 1999, subrayando que la defensa del Esequibo es una política de Estado que trasciende ideologías y administraciones temporales.
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