Por: Doctor Tullio Bermeo Turchi
La reciente decisión del Gobierno de establecer que los extranjeros que no cuenten con documento de identidad puedan ser “intervenidos” hasta 12 horas para su plena identificación, cuestionada como discriminatoria por algunos penalistas, nos trajo a la memoria -salvando distancias- el caso ocurrido hace 81 años con los extranjeros que fueron encerrados en un “campo de internamiento” en los Estados Unidos por razones de racismo.
Tras el ataque de Japón a la base militar de Pearl Harbor (Hawai), donde murieron 2 400 estadounidenses el 7 de diciembre de 1941, el presidente Franklin Roosevelt emitió la Orden Ejecutiva 9066, por el cual autorizó al Departamento de Guerra a trasladar a los extranjeros residentes considerados como “enemigos de la nación” a “campos de internamiento”.
Como consecuencia de ello, fueron encerrados alemanes, italianos, japoneses y toda persona de ascendencia oriental.
Fred Korematsu era un joven de 23 años nacido en Oakland (California) de padres japoneses que se negó a cumplir la orden y decidió llevar adelante su vida como cualquier ciudadano estadounidense. Sin embargo, en mayo de 1942 fue arrestado por la policía y llevado a un campo de internamiento. A partir de allí comenzó para Korematzu una ardua batalla legal, cuestionando la constitucionalidad de la Orden Ejecutiva ante los tribunales, afirmando que el Ejecutivo y el Legislativo se habían excedido en sus poderes al promulgar reglas de excepción que privaron a japoneses de su libertad sin un debido proceso.
El Tribunal de San Francisco como el Tribunal Federal de Apelaciones de California confirmaron la condena a Korematsu, quien recurrió a la Suprema Corte, que admitió su recurso.
La Suprema Corte por 6 votos a favor y 3 en contra, determinó que la Orden Ejecutiva era constitucional, porque no tenía un carácter prejuicioso y discriminatorio.
En cambio, para los tres magistrados que votaron en contra no había justificación válida para privar de la libertad a los estadounidenses de origen japonés, argumentando que los campos de internamiento «lindaban con el abismo del racismo»; más aún, que el acusado fue castigado basándose en su ascendencia, sin pruebas ni debido proceso.
En 1983, Korematsu llevó nuevamente el caso ante un Tribunal Federal, en revisión penal, afirmando que habían cometido una grave injusticia con su persona, por lo que debía revocarse el fallo de la Suprema Corte.
La jueza Marilyn Hall Patel anuló la condena de Korematsu, quien en 1998 recibió la medalla de la libertad por su búsqueda de justicia de manos del presidente Clinton.
La decisión de la Suprema Corte de privar la libertad a un estadounidense de origen japonés por estereotipos raciales es considerada hoy como uno de los peores errores de la justicia de los Estados Unidos.
La experiencia de los Estados Unidos con los extranjeros nos debe servir como ejemplo para no cometer los mismos excesos en nuestro país. Por unos cuantos que delinquen no podemos meter a todos al mismo saco.
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