Maduro desmiente plan de enviar al ‘Tren de Aragua’ a USA para “invadirla”
El presidente Nicolás Maduro negó este martes que tenga un plan para enviar al ‘Tren de Aragua’ a Estados Unidos para “invadir” el país, tal como lo ha asegurado su homólogo Donald Trump.
En una transmisión de VTV, el mandatario cuestionó las motivaciones detrás de las afirmaciones de Trump. En ese sentido, señaló que “la pregunta es por qué los protegen, de qué se beneficiaban. Fue una gran operación para llevarse a gente de Venezuela y lograron una millonada con lo ahorrado por los migrantes producto del bloqueo y las sanciones”.
Además, precisó que cerca de 500.000 migrantes de su país fueron llevados por redes de tráfico de personas desde varios países de la región pagando entre USD 5.000 y 10.000. “Eso nos lo han contado los muchachos que regresan”, agregó.
Maduro además responsabilizó a la oposición del crecimiento de bandas similares al ‘Tren de Aragua’. “La oposición utilizó esta banda. Leopoldo López y Gilber Caro dirigían esas operaciones. No se dejen engañar más. No insulten la inteligencia de los Estados Unidos”, agregó.
En su discurso, el gobernante además negó que su Administración promoviera un plan de invasión. Asimismo, atribuyó la crisis migratoria a las sanciones impuestas contra Venezuela. “Nada hay que buscar afuera. Han regresado por la recuperación del país y reunificaremos a todas las familias para seguir construyendo”, manifestó.
Del mismo modo, condenó la criminalización de la migración y resaltó la resistencia de la población venezolana ante las dificultades. “Migrar no es un delito. Hoy hubo movilizaciones en nuestro país y en el mundo por nuestra gente. Si nosotros somos buenos, es para luchar y ganar en medio de las peores adversidades. Somos guerreros y guerreras”, añadió.
Administración Trump se ampara en ley de 1798 y niega haber desobedecido al juez deportando venezolanos
La Administración de Donald Trump defendió este martes por la noche que los dos vuelos con venezolanos deportados no incumplieron la orden de un juez federal que suspendía temporalmente dichas expulsiones, respaldándose en una antigua ley de tiempos de guerra.
El juez del Distrito de Columbia, James Boasberg, había ordenado previamente al Departamento de Justicia que explicara por qué no se detuvieron los vuelos que trasladaron a presuntos miembros de bandas criminales venezolanas hacia El Salvador el pasado 15 de marzo, pese a su dictamen de suspensión por dos semanas. La administración argumentó que las deportaciones se llevaron a cabo bajo la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798.
En un documento presentado ante el tribunal, los abogados del Departamento de Justicia reiteraron que los aviones ya habían salido del espacio aéreo estadounidense cuando Boasberg emitió la orden escrita a las 7:25 p. m. (hora del Este), por lo que no había obligación de hacerlos regresar. Además, desestimaron la relevancia de la orden oral que el juez pronunció dos horas antes, durante una audiencia en la que solicitó detener cualquier vuelo relacionado.
Boasberg había solicitado más información sobre la hora exacta de despegue de los vuelos y el número de venezolanos a bordo para evaluar si su orden fue violada. Sin embargo, el Departamento de Justicia no proporcionó estos detalles.
El juez dio a la administración la posibilidad de invocar el privilegio de secretos de Estado, un principio legal que restringe la divulgación de información sensible en litigios civiles, y justificó esta decisión al considerar que la solicitud del juez interfería en las competencias del Poder Ejecutivo sobre diplomacia y seguridad nacional.
«La divulgación de esta información podría causar un daño significativo a los intereses de las relaciones exteriores de los Estados Unidos«, afirmó el secretario de Estado, Marco Rubio, en una declaración presentada ante el juez.
Por su parte, los abogados que representan a los migrantes venezolanos tendrán hasta el 31 de marzo para responder a los argumentos del Departamento de Justicia. Boasberg advirtió sobre posibles consecuencias si determina que la administración violó su orden, aunque no especificó cuáles serían.
El caso representa una prueba clave para las amplias facultades ejecutivas reclamadas por Trump. Con el respaldo mayoritario de su partido en ambas cámaras del Congreso, los tribunales federales han surgido como uno de los principales contrapesos a las medidas impulsadas por el mandatario.
Tras la decisión de Boasberg de suspender las deportaciones, Trump solicitó la destitución del juez mediante un proceso de juicio político. En respuesta, el presidente de la Corte Suprema, John Roberts, emitió un inusual comunicado en el que criticó la postura del mandatario, destacando que las apelaciones judiciales, y no el juicio político, son el mecanismo adecuado para impugnar decisiones judiciales.
ALBA-TCP condenó decisión de EEUU de imponer aranceles a Venezuela
La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos afirmó anoche, en un comunicado, que semejante medida es violatoria de las más elementales normas del comercio internacional, al generar un trato abiertamente discriminatorio hacia la República Bolivariana.
Declaró que la medida punitiva estadounidense tiene el consabido objetivo de “afectar sus ingresos nacionales y la salud de su economía, generando sufrimiento en la población”.
El bloque de integración latinoamericano y caribeño denunció “la absurda motivación de esta medida de agresión económica”, que pretende justificar la criminalización y estigmatización de la población venezolana migrante, al promover la violación sistemática de sus derechos humanos.
Todo ello, indicó, al margen de los principios y propósitos de la Carta de las Naciones Unidas, el Derecho Internacional y los pactos internacionales sobre el respeto a la población migrante.
El ALBA-TCP señaló que siguiendo el formato de las agresiones infundadas e ideologizadas, el gobierno de Estados Unidos “incurre en una nueva arremetida contra Venezuela”, al anunciar la imposición de medidas comerciales extorsivas.
Remarcó que las mismas están dirigidas a afectar la buena marcha de la economía venezolana, “con el claro objetivo de desestabilizar las instituciones y la paz en la hermana nación”.
La Alianza Bolivariana consideró este contexto inadmisible e instó a la comunidad internacional a condenar de forma inequívoca esta acción ilegal, criminal y hostil del gobierno estadounidense.
Subrayó que la misma, no sólo amenaza el desarrollo y bienestar del pueblo venezolano, “sino que se constituye en amenaza real para los pueblos de todos los países de Nuestra América Latina y Caribeña”.
Fuente: Agencia Nodal | Sumarium | Prensa Latina
Acerca del autor
