Artículo de opinión
La democracia no se pone a prueba cuando gobiernan quienes piensan como nosotros. Su verdadera fortaleza se mide cuando debemos reconocer la legitimidad de quienes representan una opción distinta. Precisamente por ello, la juramentación de un presidente de la República constituye uno de los actos más solemnes del Estado peruano. No es un evento partidario, sino un acto constitucional que simboliza la continuidad de la República y el respeto a la voluntad popular expresada en las urnas.
La decisión de un sector de la oposición de exhibir fotografías de las víctimas de las protestas y abandonar el hemiciclo antes del mensaje de la presidenta Keiko Fujimori no representa un triunfo de la democracia, sino una oportunidad perdida para demostrar madurez política. La discrepancia es legítima; el desprecio por los espacios institucionales, no.
Nadie puede permanecer indiferente frente al dolor de las familias que perdieron a sus seres queridos durante las protestas que marcaron uno de los periodos más difíciles de nuestra historia reciente. La búsqueda de verdad, justicia y reparación constituye una obligación del Estado y un compromiso irrenunciable con los derechos humanos. Sin embargo, precisamente por la trascendencia de esa causa, resulta cuestionable convertir ese dolor en un recurso de confrontación durante una ceremonia de Estado.
La memoria merece respeto. La justicia exige procesos. Ninguna de ellas se fortalece mediante gestos que sustituyen el debate político por la escenificación.
La función de la oposición no consiste en desconocer los actos republicanos, sino en ejercer un control político eficaz. Fiscalizar al Ejecutivo, exigir transparencia, denunciar los abusos y proponer alternativas son responsabilidades esenciales en una democracia constitucional. Pero abandonar el recinto antes de escuchar a quien ejercerá la Presidencia durante los próximos años no fortalece esa misión; por el contrario, transmite el mensaje de que la confrontación importa más que el debate.
La historia democrática enseña que las instituciones sobreviven porque sus actores respetan reglas incluso cuando discrepan profundamente. Winston Churchill, uno de los grandes defensores del parlamentarismo, sostenía que el Parlamento existe para confrontar ideas, no para evitar escucharlas. Esa es la esencia del sistema representativo: debatir, cuestionar y persuadir desde la palabra, no desde la ausencia.
El Perú atraviesa una profunda crisis de confianza. La ciudadanía observa con preocupación una política atrapada en la lógica del enfrentamiento permanente, donde cada gesto parece diseñado para alimentar titulares antes que soluciones. Esa dinámica solo profundiza la polarización y aleja a los ciudadanos de sus instituciones.
La presidenta Keiko Fujimori deberá demostrar, con hechos y no con discursos, que gobernará para todos los peruanos, incluidos quienes no votaron por ella. Su legitimidad democrática no la exime de la obligación de respetar el Estado de derecho, garantizar la independencia de los poderes públicos y promover una verdadera reconciliación nacional. Del mismo modo, la oposición tiene el deber de ejercer un control firme, pero dentro de los cauces que la Constitución y el respeto institucional demandan.
No hay democracia sin oposición. Pero tampoco hay democracia cuando la oposición renuncia a ocupar el espacio donde precisamente debe ejercer su papel: el debate parlamentario.
La República exige altura. Exige recordar que los gobiernos son transitorios, mientras que las instituciones permanecen. Cuando los representantes políticos convierten los actos del Estado en escenarios de confrontación simbólica, quienes realmente pierden no son los gobiernos de turno, sino la confianza ciudadana en la democracia.
El Perú necesita una oposición fuerte, crítica e independiente. Pero, sobre todo, necesita una oposición que entienda que defender la democracia también implica respetar sus formas. Porque las instituciones republicanas no pertenecen a un partido ni a un gobierno; pertenecen a todos los peruanos.
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