La presidenta de Perú, Dina Boluarte, enfrenta una creciente presión legal con la presentación de una quinta denuncia constitucional por la Fiscalía ante el Congreso en las últimas 24 horas. Esta última denuncia la acusa de presunta omisión de funciones y, alternativamente, abandono del cargo, debido a cirugías estéticas realizadas en 2023 sin autorización parlamentaria.
Según la Fiscalía, Boluarte no comunicó al Consejo de Ministros ni al Congreso su impedimento físico temporal entre el 29 de junio y el 9 de julio de 2023, periodo en el que se sometió a «múltiples cirugías estéticas». La Fiscalía argumenta que esta omisión constituye una violación de los artículos 114 y 115 de la Constitución Política, que regulan la suspensión de funciones presidenciales.
La controversia se intensificó tras las declaraciones de Boluarte, quien justificó una rinoplastia por razones de salud, y las del cirujano Mario Cabani, quien reveló haber realizado cuatro intervenciones estéticas simultáneas en su rostro.
Esta denuncia se suma a otras cuatro presentadas por la Fiscalía en los últimos dos días, que incluyen acusaciones de presunto enriquecimiento ilícito, omisión de declaraciones patrimoniales (relacionadas con relojes Rolex y otras joyas), colusión agravada (por la contratación de un amigo durante su etapa como ministra), lesiones graves y leves a manifestantes durante las protestas de 2022-2023, y encubrimiento en la fuga de Vladimir Cerrón, líder del partido Perú Libre.
Las denuncias constitucionales son un procedimiento especial para altos funcionarios, requiriendo la aprobación del Congreso para proceder con la acusación.
Las Cinco Denuncias Constitucionales en Detalle:
- Enriquecimiento Ilícito y Omisión de Declaraciones Juradas: Se le acusa de incremento patrimonial injustificado entre 2021 y 2024, incluyendo la posesión de relojes de lujo, joyas y movimientos bancarios sin justificación documentada.
- Encubrimiento Personal y Omisión de Denuncia (Caso «El Cofre»): Se le imputa haber facilitado la fuga de Vladimir Cerrón utilizando un vehículo oficial blindado. Esta denuncia también involucra a Juan José Santiváñez.
- Omisión de Funciones y Encubrimiento (Caso Cirugías): Se le señala por no informar su ausencia durante un periodo por motivos médicos y por presuntamente ocultar información relevante de su historial clínico.
- Presunto Delito de Colusión Agravada: Se le acusa de favorecer indebidamente a Víctor Hugo Torres Merino, amigo de su hermano Nicanor Boluarte Zegarra, en la adjudicación de contratos de servicios con el programa Qali Warma.
- Presunto Uso Excesivo y Desproporcionado de la Fuerza Pública: Se le responsabiliza por las acciones de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas durante las protestas contra su gobierno, que resultaron en la muerte de 75 personas
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