El regulador de las telecomunicaciones señala que la finalidad del incremento de sanciones no es multar más, busca que las empresas no incumplan las normas.
Recomendaciones que la OCDE hizo al OSIPTEL no forman parte del ingreso del Perú a dicho organismo, por tanto, el proyecto de ley no afectaría este proceso.
El incremento del tope de sanciones del Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL), que es motivo de proyectos legislativos que serán debatidos en el pleno del Congreso de la República, busca que los usuarios reciban un mejor servicio de telefonía fija, móvil, internet o televisión por cable y una atención de calidad de parte de las empresas operadoras.
Al respecto, el presidente ejecutivo del OSIPTEL, Rafael Muente Schwarz, señaló que una escala de sanciones más alta debe servir para disuadir a las empresas a no cometer infracciones y, por tanto, brindar un mejor servicio. Con la escala actual, la multa es menor al beneficio obtenido por la empresa al cometer una infracción.
“Con sanciones más altas no se busca multar más, lo que se busca es corregir la conducta de las empresas para que cumplan las normas y brinden un servicio de calidad a los usuarios, el servicio que realmente merecen”, señaló el funcionario.
Recordó que la escala de multas del OSIPTEL se estableció por ley hace más de 20 años, por lo que no responde a los cambios y evolución del mercado de las telecomunicaciones.
Multas impuestas corresponden al número de infracciones cometidas por empresas
Muente informó que la cantidad de multas impuestas por el OSIPTEL está directamente relacionada con el número de infracciones cometidas por las empresas operadoras de los servicios públicos de telecomunicaciones.
Asimismo, se debe considerar que el mercado de las telecomunicaciones tiene características particulares, como la existencia de un mayor número de proveedores que brindan los servicios (a diferencia de agua, electricidad e incluso infraestructura productiva) y a un mayor alcance de los servicios que se prestan, pues en los hogares puede haber incluso hasta cuatro servicios a la vez.
La comparación de las multas del OSIPTEL con aquellas impuestas por otros reguladores (que serían menores en cuanto a cantidad), refuerza la hipótesis de que con mayores topes de sanción las empresas buscarán brindar un mejor servicio y, por tanto, cumplir con las normas para evitar las multas.
Proyecto no afecta la expansión de la cobertura de servicios
De otro lado, Muente indicó que el incremento de la escala de sanciones no afecta la expansión de la cobertura de servicios, pues el objetivo es que las empresas cambien de conducta para no ser multadas.
“Si se consideran los montos de multas impuestas desde 1996 hasta el 2022, estas solo han representado el 0.09 % del monto de los ingresos operativos de las empresas del sector registrados en dicho periodo. Es decir, los ingresos de las empresas no se han visto afectados por las multas y tampoco sus planes de inversión”, puntualizó.
Añadió que el foco de la discusión debe estar en el grado de incumpliendo de las empresas operadoras, que es una conducta reiterada, y no en la cantidad de multas totales o el incremento de las mismas.
Incremento de topes de sanción no se relaciona con el ingreso del Perú a la OCDE
El incremento del tope de sanciones busca que los usuarios reciban un mejor servicio para su bienestar personal, familiar y profesional, lo cual va acorde con las mejores prácticas internacionales.
Al respecto, es importante precisar que las observaciones que la OCDE ha realizado al OSIPTEL no tienen ninguna relación con el proceso de ingreso del Perú a dicho organismo, pues forman parte de un pedido de evaluación que hizo el propio regulador. Por tanto, no afecta el proceso de ingreso de nuestro país a dicho organismo.
Finalmente, es importante señalar que los recursos obtenidos por las multas impuestas a las empresas operadoras por el OSIPTEL no constituyen ingresos para el regulador, sino que son destinados al fondo del Programa Nacional de Telecomunicaciones (Pronatel), organización que promueve el acceso y uso de los servicios públicos de telecomunicaciones esenciales para las poblaciones rurales, adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).
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