La máxima autoridad del Poder Judicial, Janet Tello, manifestó su repudio absoluto frente a cualquier manifestación de corrupción o falta a la ética funcional dentro del aparato de justicia, tras ejecutarse la detención preliminar de José Alberto Tinco Luján, quien se desempeñaba como presidente de la Corte Superior de Justicia de Apurímac.
El magistrado es investigado por su presunta implicancia en hechos delictivos cometidos en el ejercicio de su cargo. Ante este escenario, la presidencia de la institución informó que se han activado de manera inmediata los mecanismos de contingencia administrativa para garantizar la continuidad de las labores en los juzgados y asegurar la atención oportuna a los usuarios en dicho distrito judicial, impidiendo que el proceso legal afecte el derecho ciudadano al acceso a la justicia.
Inadmisibilidad de la impunidad y gravedad de los cargos
A través de un pronunciamiento oficial, la titular del sector calificó como de extrema gravedad las imputaciones que pesan sobre Tinco Luján, quien fue capturado en un operativo conjunto liderado por agentes de la Dirección Contra la Corrupción (Dircocor) de la Policía Nacional del Perú y miembros de la Primera Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos de Abancay.
El documento institucional enfatiza de manera tajante que la investidura y la autonomía judicial bajo ninguna circunstancia pueden ser instrumentalizadas como un blindaje corporativo o un mecanismo de evasión frente a conductas ilícitas, recordando de forma severa que ningún magistrado se encuentra exento del cumplimiento estricto de la ley ni fuera del alcance de los órganos de control penal.
La jefatura del Poder Judicial recalcó que virtudes como la probidad, la transparencia y la rectitud moral representan exigencias técnicas e ideológicas obligatorias para la permanencia en la carrera judicial, responsabilidades que se tornan aún más estrictas al momento de asumir la dirección de una Corte Superior.
El comunicado oficial concluye ratificando la firme disposición del Estado para depurar el sistema de magistrados que deshonren la función pública, consolidando una política interna de tolerancia cero al cohecho y al tráfico de influencias, con la finalidad de restituir de manera progresiva la predictibilidad jurídica y la legitimidad de las instituciones ante la opinión pública nacional.
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