El pleno del Congreso aprobó esta noche modificar el Decreto de Urgencia 003-2017 para que las empresas peruanas que actuaron como socias o consorciadas con la empresa brasileña Odebrecht sean comprendidas en la retención de sus utilidades mal habidas sobre contratos vigentes con el Estado con la finalidad de asegurar la reparación civil y asegurar la cadena de pagos a los trabajadores y contratistas por un plazo de seis años.
La sustentación del dictamen de la Comisión de Constitución estuvo a cargo de la congresista Ursula Letona (FP) quien dijo que es la oportunidad para demostrar al pueblo peruano que el actual Parlamento quiere alejar el flagelo de la corrupción de los espacios públicos.
Explicó que fue Fuerza Popular que, a través de la legisladora Karina Beteta, presentó esta modificación al DU 003-2017, la misma que ha sido debatida seis veces en la Comisión de Constitución y se ha presentado hasta en cuatro oportunidades a nivel del pleno congresal.
Por ello invocó a sus colegas para sumar votos en contra de la corrupción. El dictamen fue elaborado en forma conjunta con la Comisión de Fiscalización y Contraloría.
La primera votación de los nuevos alcances del DU 003 tuvo este resultado: 55 a favor, 21 en contra y 7 abstenciones. Se exoneró la segunda votación con 54 votos a favor, 29 en contra y ninguna abstención.
Debate multipartidario
Durante el debate intervinieron los congresistas Manuel Dammert (NP) y Yonhy Lescano (AP) quienes criticaron los alcances de esta modificación al DU 003 y preguntaron ¿por qué se quiere fijar que solamente las empresas peruanas que han tenido una participación de 10% -sea en alianza o socias con Odebrecht- estén comprendidas en la retención de sus utilidades?
«El Gasoducto del Sur, con más de 7 mil millones de dolares, ¿cuánto corresponde menos del 10%?: 700 millones de dólares. ¿A ellos no se les va a tomar en cuenta?, ese es un error. No debe hablarse de porcentajes», dijo Jorge Castro (FA).
Mario Mantilla (FP) recordó que el ex directivo de Odebrecht Jorge Barata afirmó que las empresas peruanas Graña y Montero y J.J. Camet sí sabían de las coimas del consorcio brasileño a cambio de obtener contratos con el Estado mientras que Richard Acuña (APP) planteó eliminar los porcentajes de participación de las empresas consorciadas.
Armando Villanueva, de AP, recordó que su bancada parlamentaria propuso derogar el DU 003-2017 «porque estamos ante una situación muy seria» mientras que Yeni Vilcatoma (NA) expresó su sospecha que el referido DU fue dictado por el Poder Ejecutivo para proteger a Odebrecht y a las empresas socias.
«Graña y Montero no está sujeta a ninguna investigación a pesar que Barata dijo que sí sabía de las coimas. ¿Qué ha pasado? Que Graña y Montero ha tenido tiempo, gracias al Ministerio Público, para que realice una auditoria y concluye que no incurrió en ningún acto de corrupción», alertó Vilcatoma.
Víctor Andrés García Belaunde (AP) dijo que hasta ahora ninguna empresa peruana consorciada con Odebrecht tiene una investigación preliminar en la Fiscalía. «Ha pasado un año y no se ha hecho nada. ¡OAS se fue del Perú con mil 500 millones de dolares en el bolsillo! Estamos decepcionados por la falta de coraje de muchos personajes que no quieren enfrentarse con la corrupción», aseveró.
Miguel Torres, de FP, dij o que con esta modificación al DU 003 se corrige una burla que infringió el Ejecutivo al Congreso. «Se nos quiso tratar de sonsos. El Gobierno nos hablaba que ese sería el gran mecanismo para lograr la reparación civil al Estado. Preguntamos ¿dónde están las consorciadas? Y los ministros miraron a los costados. Cuando seguimos preguntando, los ministros dejaron de ser ministros y pasaron a ser abogados de grandes empresas. Pedimos información y no nos lo dieron», relató.
En la parte final del debate, correspondió a la autora de la propuesta de ley, Karina Beteta, proponer que sean comprendidas en la modificación del DU 003 a aquellas empresas consorciadas o socias con Odebrecht que hayan actuado con una participación «no mayor al 5%». De inmediato fue aceptado por la presidenta de la Comisión de Constitución.
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