El mandato de detención se hizo efectivo en el marco de las investigaciones destinadas a esclarecer el asesinato del alcalde del distrito piurano.
La regidora de la Municipalidad Distrital de Veintiséis de Octubre en Piura, Patricia Niño Febres, se puso de manera voluntaria a disposición de la Unidad de Flagrancia Delictiva del Poder Judicial. La fiscalización y posterior detención de la funcionaria edil se produjo en el marco del cumplimiento de un mandato de detención preliminar por el plazo de siete días, dictado en la investigación preparatoria que busca esclarecer el homicidio del alcalde Víctor Hugo Febre Calle, quien fue asesinado bajo la modalidad de sicariato.
Soporte legal, comparecencia y reclusión en el complejo judicial
La presentación de la investigada se formalizó ante el despacho del juez de Flagrancia, Junior Ríos Olivos, magistrado que ordenó su inmediato internamiento en la carceleta del complejo judicial de la jurisdicción. El abogado defensor de la concejala, Jorge Díaz Campos, argumentó que la entrega de su patrocinada responde a una política de cooperación con el Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú (PNP), precisando que hasta el momento no se ha formulado una acusación directa con elementos probatorios concluyentes, sino una imputación de carácter genérico aplicable al conjunto de los investigados.
El deceso de la máxima autoridad distrital mantiene bajo régimen de detención a otros sospechosos del entorno delictivo regional, entre los que figura William Hernández Engosa. En paralelo, un reporte emitido por el Ministerio del Interior detalló que agentes de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) lograron capturar a un sujeto conocido bajo el alias de «Pochola», presunto integrante operativo de la red criminal y sobre quien también pesaba una orden judicial de captura por el delito de homicidio calificado.
Declaraciones de colaboradores y sospechas de autoría intelectual
La incorporación de la regidora Niño Febres en la carpeta fiscal se fundamenta en las declaraciones brindadas por un presunto sicario capturado en días previos. El detenido confesó ante los peritos policiales que la funcionaria municipal, quien previamente ejerció como su abogada defensora en procesos particulares, le hizo entrega de una suma de dinero en efectivo con la instrucción explícita de realizar reglaje y seguimiento a las actividades y desplazamientos diarios del alcalde Febre Calle en las fechas previas al atentado.
De acuerdo con el informe técnico de la Dirección de Investigación Criminal, jefaturada por el general PNP Víctor Revoredo, los testimonios recogidos posicionan a la concejala como presunta autora intelectual y financista del despliegue logístico que decantó en el crimen. Las autoridades del Ministerio Público y las brigadas especiales de criminalística centrarán las próximas diligencias en el cruce de información telefónica, levantamiento del secreto bancario y la verificación de las coartadas para determinar el grado de complicidad de la funcionaria con las mafias de extorsión y sicariato que operan en el norte del país.
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