A través de un pronunciamiento, la comuna desvinculó el uso del camión cisterna de cualquier intencionalidad política y ratificó la regularidad de sus funciones de mantenimiento.
La Municipalidad de Jesús María rechazó que el uso de un camión cisterna para arrojar agua en el parque Bausate y Meza tuviera motivaciones políticas, a pesar de que la intervención afectó directamente a un grupo de simpatizantes del partido Juntos por el Perú que acampaban en el lugar.
Mediante un comunicado oficial, la administración distrital sostuvo que las labores de regadío corresponden a un cronograma técnico regular de conservación de áreas verdes, programado dos veces por semana en atención a las solicitudes de los residentes locales.
El incidente se produjo en las inmediaciones de la sede del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), donde los ciudadanos realizaban una vigilia a la espera del cómputo final de las actas impugnadas del balotaje presidencial entre Roberto Sánchez y Keiko Fujimori.
El hecho, registrado el 10 de junio de 2026, fue documentado a través de imágenes difundidas por el periodista Eloy Marchán, en las cuales se observa cómo el vehículo municipal lanzó agua directamente sobre las carpas, víveres y pertenencias de los manifestantes, quienes ejercían el derecho a la protesta pacífica. La acción de la comuna, liderada por el alcalde Jesús Alberto Gálvez (Renovación Popular), provocó el rechazo inmediato de diversas figuras parlamentarias y políticas, entre ellas Ruth Luque e Indira Huilca.
Ambas representantes cuestionaron el proceder de la autoridad edil y denunciaron una presunta asimetría de trato, señalando que movilizaciones previas de agrupaciones afines al partido oficialista distrital ocuparon los mismos espacios públicos sin recibir restricciones ni medidas punitivas similares.
Defensoría del Pueblo condena la intervención y exige garantías constitucionales
La Defensoría del Pueblo emitió un pronunciamiento de rechazo institucional contra el accionar de los operarios de la Municipalidad de Jesús María, enfatizando que la intervención vulneró derechos fundamentales amparados por la Constitución Política del Perú. El organismo autónomo recordó a las autoridades subnacionales que tienen la obligación legal de respetar y garantizar las libertades de expresión y de reunión pacífica, elementos indispensables para el desarrollo de la participación ciudadana en un sistema democrático.
Por su parte, el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, calificó el suceso como un acto injustificable y carente del respeto mínimo hacia la dignidad de las personas durante una entrevista con el programa televisivo Ocurre Ahora. La institución civil reafirmó que mantendrá un despliegue de supervisión activa en la zona del conflicto para asegurar que los contingentes policiales y el personal de serenazgo municipal no incurran en nuevas restricciones o vulneraciones a las garantías constitucionales de los ciudadanos apostados en el perímetro del tribunal electoral.
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