La Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso de la República, bajo la conducción del legislador Flavio Cruz Mamani, formalizó el informe de rendición de cuentas correspondiente al periodo anual de sesiones 2025-2026. El grupo de trabajo especializado, estructurado mediante una representación multipartidaria de 24 parlamentarios titulares y 14 accesitarios, contó en su Mesa Directiva con Alejandro Muñante Barrios en la vicepresidencia y Héctor Ventura Ángel en la secretaría.
Tras la aprobación de su plan general el 20 de agosto de 2025, la agenda operativa priorizó reformas en los sectores de seguridad jurídica, derecho penal, sistema penitenciario, garantías laborales y protección de derechos humanos.
Intensidad de la agenda parlamentaria y producción de dictámenes
El balance oficial detalla la realización de 29 sesiones de debate a lo largo del periodo anual (22 de carácter ordinario, 6 extraordinarias y 1 sesión conjunta), espacios técnico-políticos donde se canalizaron requerimientos del sistema judicial y se sustentaron iniciativas de ley. En el ámbito de la producción de textos normativos, la comisión recepcionó un total de 297 propuestas legislativas durante el año, logrando emitir 105 dictámenes, de los cuales 89 recibieron el voto aprobatorio de los integrantes.
Estos documentos técnicos lograron acumular y procesar un total de 382 proyectos de ley individuales. Asimismo, las estadísticas consolidadas correspondientes al quinquenio parlamentario 2021-2026 registran la recepción histórica de 1,682 iniciativas ingresadas a la comisión.
Las materias bajo deliberación técnico-legal abarcaron la modificación integral de articulados del Código Penal, Código Procesal Penal, Código Civil y el Código de los Niños y Adolescentes. Del mismo modo, se priorizaron reformas orientadas a optimizar los procesos de extradición, los mecanismos de flagrancia delictiva, la lucha contra la violencia familiar, la defensa jurídica de las dependencias del Estado y la optimización logística de las entidades encargadas de la administración de justicia.
Reformas laborales en el aparato estatal e innovación en investigación criminal
El trabajo legislativo de este grupo dictaminador derivó en la promulgación y posterior publicación de 9 leyes de la República en el Diario Oficial El Peruano. El conjunto de normas se orientó a reestructurar los regímenes de contratación del servicio público y a brindar herramientas tecnológicas para el combate contra la delincuencia:
- Tránsito sociolaboral en la Sunarp: La Ley N.° 32489 faculta el traslado progresivo de los servidores de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos al régimen del Decreto Legislativo 1057 (CAS). Por su parte, la Ley N.° 32521 autoriza e implementa una nueva escala remunerativa para el personal de dicha entidad bajo los alcances del Decreto Legislativo 728.
- Homologación de regímenes en el sector Justicia: Mediante las leyes N.° 32556 y N.° 32504, se aprobó la incorporación paulatina de las planillas de trabajadores del Ministerio Público y del Poder Judicial, respectivamente, al régimen de la actividad privada (D.L. 728). Asimismo, la Ley N.° 32509 ratificó una escala de ingresos actualizada para los servidores jurisdiccionales y administrativos de la judicatura.
- Tutela ambiental y penal: El Parlamento promulgó la modificación del Código Penal para tipificar de forma expresa como ilícito penal el abandono o exposición no autorizada de residuos sólidos en áreas naturales protegidas o ecosistemas vulnerables.
- Medicina forense e investigación de delitos: Destaca la creación del Banco Nacional de Datos de Perfiles Genéticos (BNDPG) bajo el marco de la Ley N.° 32595, una plataforma tecnológica diseñada para optimizar los procesos de identificación dactilar y biológica en la persecución del delito y acelerar el rastreo y localización de personas reportadas como desaparecidas.
Finalmente, el balance destaca el desarrollo de dos mesas técnicas de debate especializado orientadas a recoger observaciones de los gremios profesionales, la sociedad civil y los administradores de justicia. Una de estas sesiones de análisis científico se enfocó de manera exclusiva en el Proyecto de Ley 12213/2025-CR, iniciativa orientada a redefinir los criterios de imputación jurídica y responsabilidad en la legislación penal del país.
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