Alta rotación en Pronatel frena proyectos de conectividad y genera desconfianza en el sector telecomunicaciones.
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) oficializó la designación de Javier Carranza Veramendi como nuevo director ejecutivo de Pronatel, marcando el cuarto cambio de liderazgo en menos de un año. Esta rotación extrema, formalizada mediante la Resolución Ministerial N° 0211-2026-MTC/01, ha encendido las alarmas en el sector privado y gremios como AFIN, quienes advierten que la falta de continuidad institucional paraliza proyectos críticos de conectividad y deteriora la confianza en la gestión de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica.
La inestabilidad en la jefatura de Pronatel ha alcanzado niveles críticos en el último mes: tras las breves gestiones de César Gálvez (quien duró apenas tres días) y Enrique Guevara (quien permaneció menos de dos semanas), la responsabilidad recae ahora en Carranza.
Esta crisis administrativa coincide con las quejas de los operadores por las caídas recurrentes en la Red Dorsal, una infraestructura bajo supervisión estatal que, pese a sus fallas, no enfrenta sanciones regulatorias equivalentes a las del sector privado, generando una profunda distorsión en el mercado.
El millonario revés judicial: Caso Redes Andinas
A la inestabilidad directiva se suma un escenario legal adverso tras el laudo arbitral a favor de Redes Andinas (RAC). El Estado peruano fue condenado a pagar más de 168 millones de dólares por la resolución unilateral de contratos en 2019.
La situación jurídica es crítica: en marzo de 2026, se denunció que el Estado perdió la oportunidad de apelar por negligencia administrativa, al vencerse los plazos sin presentar defensa ni designar abogados ante los tribunales de Estados Unidos.
Impacto social: Comunidades sin conexión
El perjuicio no es solo económico, sino también social. La paralización de los proyectos de banda ancha ha dejado en el abandono a:
- 422 comunidades rurales y 35 comisarías.
- 428 colegios públicos y 254 establecimientos de salud sin acceso a internet.
La Contraloría ya ha señalado responsabilidad civil y administrativa en exfuncionarios, incluyendo al actual viceministro de Comunicaciones, Raúl García Loli, por las decisiones que derivaron en este millonario perjuicio estatal y el bloqueo de la infraestructura digital en regiones clave como Cajamarca, Tumbes y Piura.
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