El viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Carlos Fernández de Cossío, denunció que el Gobierno de Estados Unidos está intensificando una estrategia de presión global contra la isla, la cual trasciende el bloqueo económico convencional para instaurar un mecanismo de coacción directa sobre terceros Estados.
El diplomático argumentó que Washington utiliza su influencia geopolítica para forzar a diversos gobiernos a alinearse con sus directrices punitivas, configurando un escenario que busca restringir la soberanía comercial y las decisiones soberanas de naciones en distintas regiones del mundo. De acuerdo con la postura de la cancillería cubana, este asedio sistemático atenta directamente contra los derechos de la población civil al limitar el acceso a recursos esenciales.
Restricciones a la cooperación médica y ofensiva en foros diplomáticos
La administración cubana señaló que las presiones iniciales de la Casa Blanca se enfocaron en desmantelar los programas bilaterales de cooperación médica que la isla mantiene a nivel internacional, lo que ha dejado a diversas comunidades vulnerables sin servicios de atención primaria ni asistencia de especialistas de la salud.
Actualmente, esta línea de acción se ha trasladado al ámbito multilateral, donde el diplomático acusa a Estados Unidos de ejercer coacción sobre sus aliados tradicionales para modificar la posición histórica en las Naciones Unidas contra el bloqueo.
Según Fernández de Cossío, el objetivo de esta maniobra es obstruir el debate internacional en la ONU respecto al impacto socioeconómico y humanitario de las sanciones extraterritoriales.
Bloqueo al suministro energético y cuestionamiento al orden internacional
Otro eje crítico de la denuncia formal reside en las restricciones impuestas al abastecimiento de hidrocarburos. El viceministro afirmó que Washington interviene ante gobiernos y corporaciones globales para impedir la exportación de combustibles hacia territorio cubano, caracterizando el desabastecimiento energético como una estrategia deliberada de asfixia operativa y no como un mero diferendo comercial.
La cancillería concluyó que estas acciones pretenden normalizar un orden internacional basado en sanciones unilaterales y obediencia forzada, advirtiendo que la validación de estos mecanismos de presión económica y diplomática sienta un precedente riesgoso que vulnera el derecho internacional y la autonomía de cualquier Estado soberano.
