El Salvador ha marcado un hito jurídico y social con la entrada en vigor del paquete de reformas penales que habilita la cadena perpetua, una medida ratificada por la Asamblea Legislativa a solicitud del presidente Nayib Bukele.
La normativa, que rige desde el pasado domingo, establece la prisión de por vida como pena única para delitos de extrema gravedad, tales como homicidio, feminicidio, violación y, fundamentalmente, la pertenencia a organizaciones criminales o terroristas, categoría en la que ahora se encuadra a las pandillas.
Esta reforma se consolida bajo el régimen de excepción vigente desde marzo de 2022, política que ha logrado reducir drásticamente los homicidios con un saldo de más de 91,000 detenciones. Sin embargo, la implementación de estas medidas extremas ocurre en medio de denuncias por parte de organizaciones civiles, que reportan miles de violaciones a los derechos humanos y al menos 500 fallecimientos bajo custodia del Estado.
Inclusión de menores y revisión de penas
El aspecto más polémico de la reforma es su alcance generacional: la cadena perpetua es aplicable incluso para menores de entre 12 y 18 años. Bajo el nuevo esquema, los antiguos juzgados de menores han sido reemplazados por jueces de lo criminal, quienes tendrán la responsabilidad de realizar revisiones obligatorias cada cinco años.
No obstante, para acceder a la posibilidad de un régimen de libertad controlada, los condenados deberán haber cumplido un tiempo mínimo sustancial: 25 años de prisión en el caso de menores y hasta 40 años si existen agravantes.
Mientras el partido oficialista, Nuevas Ideas, defiende la ley argumentando que los mecanismos de revisión periódica la hacen compatible con estándares internacionales, la CIDH y Human Rights Watch han manifestado una postura opositora.
La Comisión Interamericana advirtió que condenar a niños y adolescentes a prisión perpetua es incompatible con la jurisprudencia regional, calificándola de desproporcionada y contraria al fin resocializador de la justicia juvenil.
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