Fotoperiodista Édgar Daniel Esqueda fue secuestrado por uniformados y asesinado en SLP; con él van 37 en este sexenio
Un cadáver con signos de ejecución fue localizado durante la mañana de este viernes cerca del Camino al Aeropuerto Internacional Ponciano Arriaga y luego del hallazgo, personal allegado a la Procuraduría General de Justicia del Estado confirmó que se trata de Edgar Daniel Esqueda Castro, quien ayer fue reportado como desaparecido después que unos hombres arribaron a su domicilio y se lo llevaron por la fuerza.
En lo que va del Gobierno de Enrique Peña Nieto, la organización internacional Artículo 19 ha reportado el asesinato de 36 periodistas, nueve de ellos cometidos en los primeros seis meses de este año. En el mismo periodo, 276 periodistas denunciaron haber sido agredidos principalmente por funcionarios de los tres órdenes de Gobierno. El dato es del 9 de agosto 2017.
Con el asesinato de Edgar Daniel Esqueda Castro, la cifra sube a 37.
De acuerdo con la información recabada hasta el momento, el cuerpo estaba en un predio cerca de las vías del tren que pasan por esa zona de la mancha urbana, a unos 200 metros de la carpeta asfáltica. Se dio a conocer que el cuerpo era del sexo masculino y estaba bocabajo. La persona ahora fallecida era de complexión robusta, se dijo.
En redes sociales, periodistas de San Luis Potosí habían denunciado que el secuestro lo realizaron agentes de la Policía Ministerial. El Gobierno del estado no ha dicho si serán investigados.
El día de ayer, la organización Artículo 19 alertó sobre la desaparición en San Luis Potosí del fotoperiodista Edgar Daniel Esqueda Castro, quien colaboraba en los diarios digitales VoxPopuliSLP y Metrópoli SLP. Exigió a las autoridades la activación inmediata del protocolo de búsqueda de personas desaparecidas para lograr la localización con vida de Esqueda Castro.
Asimismo, la organización exigió a la Secretaría de Gobernación (Segob) la implementación de medidas de seguridad para salvaguardar la integridad de la familia del fotoperiodista.
Ayer mismo, el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ) basado en Nueva York alertó en un comunicado:
“Hombres armados vestidos de policías esta mañana secuestraron al fotógrafo local Edgar Daniel Esqueda Castro en su casa en el estado mexicano de San Luis de Potosí, según informes de prensa. La Procuraduría General del estado difundió una declaración indicando que la procuraduría está investigando y negó que la policía estatal tuvo cualquier implicación en el secuestro”.
“Las autoridades en el estado de San Luis Potosí y las autoridades federales mexicanas deben encontrar a Edgar Daniel Esqueda Castro de manera inmediata y traerlo a un lugar seguro,” señaló Alexandra Ellerbeck, la coordinadora del Programa de Norteamérica del Comité para la Protección de los Periodistas, CPJ por sus siglas en inglés. “México es uno de los países más peligrosos para los periodistas en el mundo. Si el gobierno mexicano está realmente comprometido a la libertad de prensa, como afirma, debe prevenir a los secuestros y asesinatos de periodistas.”
“México es el país más peligroso para los periodistas en el hemisferio occidental. En el 2017, por lo menos cuatro periodistas fueron asesinados en represalia por su trabajo, según investigación del CPJ, y el CPJ está investigando las circunstancias de otro asesinato. El CPJ ha documentado la desaparición de 14 periodistas en México, excluyendo a Esqueda Castro. En mayo, el periodista Salvador Adame Pardo fue levantado en su casa en el estado mexicano de Michoacán”, dijo.
La organización internacional Artículo 19 (A-19) documentó que en el primer semestre de este año se produjeron un total de 276 agresiones contra periodistas en México, incluyendo seis asesinados y uno que se encuentra desaparecido. Esa cifra total representa un aumento de 23 por ciento, respecto a la registrada en el primer semestre de 2016, que cerró con 218 casos.
En los primeros seis meses del año, la y los periodistas Cecilio Pineda, Ricardo Monlui, Miroslava Breach, Maximino Rodríguez, Javier Valdez y Jonathan Rodríguez fueron asesinados con armas de fuego y a plena luz del día.
Para la publicación de este informe, la organización también incluyó en su reporte dos asesinatos más: el de Edwin Rivera, periodista migrante, ocurrido el 9 de julio en Acayucan, Veracruz, y el de Luciano Rivera, ocurrido el 31 de julio en Playas de Rosarito, Baja California.
También documentó tres tentativas de asesinato a Sonia Córdova, Julio Omar Gómez y a un periodista del cual se reservó su identidad.
De acuerdo con el informe “Violencia contra la prensa en México”, en el país se ataca a un periodista cada 15.7 horas y entre enero y junio de 2017 se reportaron 1.5 agresiones diarias y, además, expuso, 50.7 por ciento de esos atentados fueron cometidos por funcionarios públicos [con 140 de los 276 atentados].
El organismo de la ONU fue directo acerca de la necesidad de “esclarecer de forma prioritaria la participación de Gendarmería en los hechos, y en caso de demostrarse, establecer y sancionar sus responsabilidades”. Y también en cuanto a que se debe “investigar y sancionar cualquier tipo de intervenciones de las autoridades del Estado parte que hayan podido entorpecer” la búsqueda de Maldonado.
“El Comité también está preocupado por la información recibida según la cual, tal como lo denunció el Defensor Federal de Esquel, los vehículos de la Gendarmería involucrados en el operativo podrían haber sido lavados, y que varias fotos e imágenes del operativo habrían sido faltantes”, dice la nota de la ONU. También se pronunció respecto a la gravedad que podría implicar para el caso “la información pública según la cual las autoridades estatales a cargo de la búsqueda e investigación inicialmente elaboraron su estrategia con base en declaraciones no verificadas indicando que los gendarmes no habrían llegado hasta el Río Chubut”. “Tal y como lo sabe el Estado parte, fotografías y declaraciones de varios gendarmes en las investigaciones internas desmintieron esta afirmación”, remarcó el Comité, que requirió “adoptar todas las medidas que sean necesarias para proteger los elementos probatorios disponibles” y asegurar que toda la información disponible sea debidamente tomada en cuenta como indicio.
El Comité también advirtió que debe ser garantizado el acceso a la familia Maldonado y sus abogados a toda la información del caso. Recordó que en su nota al Estado del 7 de agosto pasado requirió “la adopción de medidas cautelares de protección a favor de los familiares de Santiago Maldonado y de sus representantes, así como de los miembros de la comunidad mapuche”. También lamentó que el Gobierno haya acusado a la familia y a la comunidad mapuche de no haber colaborado en la causa.
(Fuente: Nodal)
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